Un grupo de 26 trabajadores de la antigua fábrica de Uralita en Dos Hermanas (Sevilla) que resultaron afectados por el amianto acudirán este lunes al primer juicio colectivo por la vía civil contra la empresa, a la que reclaman 2,2 millones de indemnización por los daños causados.
Actualmente hay 80 extrabajadores de Uralita de Dos Hermanas con expedientes abiertos, de los que 26 están citados este lunes y el 11 de junio en los juzgados de lo Social de Sevilla a un juicio contra la empresa Uralita, a la que reclaman 2,2 millones de euros por las enfermedades contraídas por la exposición continua al amianto en su trabajo, considerado altamente cancerígeno, sin adoptar las medidas de seguridad pertinentes.
El presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida) de Andalucía, Antonio Delgado, que ha indicado que a este primer grupo de trabajadores se unirán otros 25 extrabajadores que tienen su juicio en octubre, ha explicado que este es el primer juicio colectivo por la vía civil, y espera que se resuelva de la misma forma que los juicios individuales, por la vía laboral, de manera favorable a los trabajadores.
Las diversas vías judiciales en el caso de Uralita se iniciaron en 2003, aunque la vía civil se inició en concreto en 2010 "aunque hasta 2013 no nos han dado fecha para el juicio, y en estos años han fallecido cinco compañeros". Han recordado que desde el año 2005 ya no se utiliza el amianto en las fábricas pero todavía quedan residuos por lo que la asociación de afectados exige un trabajo de prevención.
Los trabajadores han iniciado que este lunes estarán acompañados por trabajadores afectados por amianto procedentes de Italia y de América del Sur y creen que finalmente sus reclamaciones "acabarán en Bruselas, donde todos los afectados de Europa nos uniremos". "Si no quieren escucharnos, no atienden nuestras peticiones tendremos que elevar nuestras quejas. Esto no es un juego de niños, que el amianto mata no es una frase hecha", ha dejado claro Delgado.
Uralita, que inició su actividad en Sevilla en 1939, estuvo abierta hasta 1998. Delgado ha indicado que especialmente la primera parte de actividad de la empresa, el 70 por ciento de empleados eran mujeres "y muchas de ellas murieron de cáncer de mama o de ovarios, que nunca se vincularon con la manipulación de amianto".
Estos afectados reclaman al Gobierno central la creación de ese fondo económico para las víctimas del amianto y han aprovechado para reclamar la creación de un registro de afectados a nivel andaluz, para lo que piden reunirse con el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y con la consejera de la Presidencia, Susana Díaz.