La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía considera "indebidas" todas las comisiones cobradas por la mediadora Uniter, que ha cifrado en 51,5 millones de euros, todo ello con independencia de que sitúen por encima o por debajo de la media del mercado, ya que ha señalado que para contratar con la Administración "no hacen falta intermediarios".

   Durante una hora, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, le ha leído los hechos que le imputa al dueño de Uniter, José González Mata, al que atribuye presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, contra la Hacienda Pública, y blanqueo de capitales.

   Fuentes del caso han informado a los periodistas de que la juez ha señalado que, según lo estipulado por la Dirección General de Seguros, los 51,5 millones de euros en comisiones recibidos por Uniter se habrían cobrado de forma "indebida", ya que "para contratar con la Administración no hacen falta intermediarios".

   De estos 51 millones de euros, más de 20 corresponderían a 'sobrecomisiones', según ha señalado la magistrada, que ha precisado que de estos más de 20 millones un total de seis corresponderían a las pólizas de Delphi y 4,5 millones a la Faja Pirítica. Una vez le ha leído su imputación, la juez ha ordenado un receso en la comparecencia.