El ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, ha anunciado este miércoles ante el Pleno del Congreso que el pasado 21 de junio se procedió a dar "traslado formal" a la Comisión Europea sobre el tipo de IVA que se debe aplicar en España a los servicios de cuidadores de comedores escolares, que se ha fijado en un 21%.
Montoro respondía así en el Pleno del Congreso a la diputada socialista Soledad Cabezón, quien ha asegurado que al Gobierno "le falta sensibilidad con las familias" porque teniendo España dos millones de niños bajo el umbral de la pobreza aumenta el IVA de este servicio extraescolar "aunque la normativa europea permite no hacerlo".
"El pasado viernes 21 de junio hemos dado traslado formal a la Comisión Europea relativo al tratamiento del criterio interpretativo de España sobre estos asuntos", ha señalado, para explicar que esta consulta va en un "triple sentido".
Así, ha dicho que en primer lugar, "hay que aplicar en términos de exención de IVA una interpretación restrictiva", pero además hacerlo con "criterios administrativos constantes porque el tratamiento que tienen los monitores que atienden a los comedores ha sido constante desde el año 1998" y, en tercer lugar, hay que fijar "la definición de esos monitores escolares, de lo que significan esos servicios y por qué se prestan".
"Estaremos a tenor de lo que concluya la Comisión Europea en el contraste que estamos haciendo y si hemos de acomodarnos a sus criterios, lo haremos", ha asegurado Montoro.
La diputada ha recriminado a Montoro que subiera el IVA de los materiales escolares y ha sacado además, a colación, la propuesta del Gobierno de reformar el sistema de becas elevando la exigencia académica para las mismas.
En este sentido, ha destacado que Andalucía apoyará con ayudas económicas a los estudiantes que se queden fuera, a lo que Montoro ha respondido que "quien está financiando los servicios públicos de los andaluces es el Gobierno de España" y en concreto, el Fondo de Liquidez Autonómica, porque, entre otras cosas, la Junta "no tiene capacidad de acudir a los mercados" para renegociar su deuda.