La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó un total de 22.692 quejas en 2013, un 32,2 por ciento menos que el año anterior, en el que hubo un repunte como consecuencia del impacto de los recortes en ámbitos como la sanidad o la educación, la supresión de la paga extra a los funcionarios, las participaciones preferentes o los compromisos hipotecarios a los que los ciudadanos no podían hacer frente por la crisis.
Pese al descenso del número de reclamaciones, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, destaca en este informe anual 2013, que este jueves ha entregado a los presidentes del Congreso y el Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, respectivamente, que las dificultades económicas "continúan" respecto a 2012 y que las circunstancias "no han cambiado de manera súbita" para los ciudadanos españoles.
Las solicitudes de recurso de inconstitucionalidad han experimentado una reducción considerable, ya que han pasado de 246.743 en 2012 a 10.128 en 2013, un 96 por ciento menos. La Oficina del Defensor del Pueblo aclara que el año pasado la mayoría de estas peticiones se presentaron con motivo de la supresión de la paga extra de los funcionarios.
"Es conveniente manifestar que, en muchas ocasiones, los ciudadanos que
solicitan la interposición de recurso lo que expresan es su discrepancia con una ley, y que esta discrepancia o rechazo no significa motivo de inconstitucionalidad", señala Becerril en el documento.
A diferencia de quejas y peticiones de recurso, que se han reducido de manera notoria, las actuaciones de oficio llevadas a cabo por esta institución se mantienen hasta las 347, unas 24 menos que el año anterior.
PAROT, TASAS JUDICIALES Y LIBROS DE TEXTO
Becerril destaca de este ejercicio 2013, la sentencia del Tribunal Europeo de derechos Humanos sobre la 'doctrina Parot', que ha sido "muy dura" para las víctimas del terrorismo, que se han dirigido al Defensor del Pueblo para manifestar su preocupación por las excarcelaciones de etarras y pedirle que actúe para evitar actos de enaltecimiento del terrorismo.
La dirigente de esta institución también pone el acento en la Ley de Tasas Judiciales, sobre la que se recibieron un elevado número de quejas y peticiones de inconstitucionalidad durante 2013. A juicio de la Defensora, las tasas eran "extraordinariamente elevadas", por lo que propuso al Ministerio de Justicia modificaciones importantes de la ley, como la reducción de las tasas variables y el adelanto de la Ley de Justicia Gratuita.
La reducción o eliminación de las ayudas para la adquisición de libros de texto por parte del Ministerio de Educación y las comunidades autónomas ha sido otro de los asuntos que ha acumulado un gran número de reclamaciones. Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha realizado un estudio para conocer la situación y promover la reutilización de libros en los centros escolares.
NO ASISTENCIA A INMIGRANTES Y COPAGO FARMACÉUTICO
En materia de asuntos sociales, los recortes, a juicio de Becerril, se han notado de manera "muy notable" tanto en la ciudadanía como en las entidades que prestan servicios a las que las administraciones deben dinero.
La no asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes en situación no regular, con excepción de menores, mujeres embarazadas y enfermedades graves, "preocupa" a esta institución, que ha formulado durante 2013 recomendaciones pero no han sido aceptadas. No obstante, destaca que hay comunidades autónomas y ONG que han habilitado sus propios procedimientos para alcanzar la atención a este colectivo.
La introducción del copago farmacéutico ha dado lugar a numerosas quejas, sobre todo relacionadas con las cuantías para personas con rentas bajas y discapacidad. Las recomendaciones efectuadas por el Defensor en este ámbito, como la exención del copago para estas personas, tampoco han sido aceptadas.
CONTINÚAN LAS QUEJAS SOBRE PREFERENTES E HIPOTECAS
Las quejas sobre las participaciones preferentes han continuado durante el ejercicio 2013. La Defensora destaca que aunque son muchas las personas que en este momento han obtenido la restitución de sus ahorros o de una parte de ellos, la Institución que dirige sigue "atentamente" los procesos de arbitraje y sus resoluciones.
También advierte en su informe de que el Banco de España "debería seguir muy de cerca" la información que reciben los clientes de entidades bancarias sobre el nuevo índice hipotecario, así como sobre la revisión de
las cláusulas suelo. Este asunto, al igual que el año anterior, ha ocupado una buena parte de las reclamaciones ante el Defensor del Pueblo en 2013.
