El portavoz socialista en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE, Juan Luis Gordo, ha pedido al Gobierno que explique por qué no ha actuado para mantener la oferta audiovisual, tras el cierre de nueve canales de TDT al que obliga una sentencia del Tribunal Supremo, y ha cuestionado si el futuro modelo primará la televisión de pago.
"¿Piensa el Gobierno garantizar en el futuro la oferta televisiva gratuita y en abierto en el espectro radioeléctrico terrestre? O, por el contrario, ¿el modelo televisivo del Ejecutivo de Rajoy pasa por disponer de menos canales en abierto y más de pago?", ha preguntado Gordo en una batería de preguntas para la comisión de control de RTVE.
A su juicio, el Ejecutivo ha tenido 18 meses para articular soluciones y no ha hecho nada. Por ello, se pregunta si, con su política de comunicación audiovisual, "está primando los intereses de las grandes empresas de telecomunicaciones en detrimento de que los ciudadanos accedan a una mayor oferta".
Por este motivo, el socialista ha solicitado la comparecencia del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, para "explicar los planes del Gobierno para el futuro de la TDT en España".
En este sentido, desea conocer a cuánto ascenderá la pérdida de cuota de pantalla por el cierre de los canales y qué repercusión tendrá en términos de facturación.
Así, insta al Gobierno a que responda si considera que la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo para el cierre de nueve canales de TDT "quiebra" el principio de seguridad jurídica en el mercado audiovisual.
"Queremos conocer si el Ejecutivo del PP está apostando a favor de la asignación del espacio radioeléctrico en detrimento de las operadoras audiovisuales tradicionales, una actuación que no sería equitativa, en ningún caso", añade Gordo.
También pide al Ejecutivo que diga si hay riesgo de que se cierren otros ocho canales de la TDT, como anunció Calvo-Sotelo, y quiere conocer si el Ejecutivo tiene previsto un plazo para la convocatoria de los concursos que permitan reparar la "pérdida" de canales fruto de la sentencia y el auto del Tribunal Supremo. Además, insta a responder si el Ministerio de Industria va a asumir el coste de la transición de la nueva asignación de frecuencias o lo tendrán que pagar los ciudadanos.