El año 2013 se cerró con el mayor número de solicitudes de estatuto de apatridia de la última década, un total de 1.142 casos de personas que por no tener un país que les reconozca como ciudadanos, se ven obligados a solicitar protección a terceros Estados, como España, donde reciben un documento que da derecho a trabajar y circular libremente por el territorio. En su pasaporte no hay una nacionalidad. Son los ciudadanos XXA.

   En total, las 1.142 solicitudes del año pasado de las que da cuenta un informe del Ministerio del Interior publicado esta semana, suponen un incremento del 138,4 por ciento respecto de las 479 que se presentaron en 2012. Un año antes habían sido 92, en 2010 se contaron 176 y en 2009, sólo 51.

   De hecho, a excepción de 2008, cuando se registró el pico más alto hasta ahora de la serie estadística, con 832 solicitudes del estatuto de apátrida, las cifras en la última década se habían mantenido en niveles muy inferiores: 98 en 2003, 107 en 2004, 46 en 2005, 34 en 2006 y 26 en el año 2007.

   Desde la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) atribuyen el incremento a un mayor número de solicitudes cursadas por saharauis, ante el hecho de que España no suele concederles asilo político. Aunque al principio, tenían también dificultades para acceder al estatuto de apátrida, reiteradas sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han acabado consolidando este derecho y desde mayo del año pasado, se tramitan los expedientes en vía administrativa "con más fluidez".

   La jurisprudencia española al respecto se remonta a 2007, cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia reconociendo a una mujer saharaui el derecho a recibir el estatuto de apátrida, eximiéndola de la obligación de nacionalizarse marroquí. La Sala llevaba así la contraria a la Audiencia Nacional y al Ministerio del Interior, que le habían negado previamente este derecho por entender que siendo del Sáhara Occidental podía pedir la nacionalidad a Marruecos.

   El año pasado, el Supremo se pronunció de nuevo sobre el particular de los saharauis en una sentencia que CEAR tildó entonces como histórica porque reprochaba al Ministerio del Interior que "despachase" las solicitudes de asilo de estas personas denegando directamente su admisión a trámite, sin permitir así que se analizasen las circunstancias de cada uno en profundidad, en una "patente disminución de garantías para el solicitante".

   Con todo, es frecuente que los solicitantes saharahuis acaben recurriendo a la justicia. En los últimos meses la Audiencia Nacional ha emitido varias sentencias de reconocimiento del estatuto de apátrida a personas a quienes la Administración se lo había negado por motivos como carecer de un documento de la ONU que certificase la condición de refugiado, algo que habiendo más pruebas de la falta de nacionalidad, no es imprescindible.

   A lo largo de 2013, el Ministerio del Interior resolvió 298 expedientes y concedió el estatuto de apátrida a 232 de ellos. Un total de 16 personas consiguieron acceder a esta condición sentencia judicial mediante. El informe oficial no desglosa por lugares de nacimiento, aunque los expertos consultados por Europa Press apuntan que, por proximidad, el grueso de los casos fueron de saharauis.

   No serán apátridas toda la vida, si no lo desean. En España, al cabo de diez años de residencia pueden solicitar y conseguir que se les conceda la nacionalidad, como si fueran extranjeros de países de fuera de la Unión Europea con los que España no tenga convenios especiales. Si contraen matrimonio con un nacional español, el requisito se acorta: pueden pedir el DNI al cabo de un año.

DADÁH, UNO ENTRE DIEZ MILLONES

   Los saharauis no son, sin embargo, un caso aislado. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) calcula que existen diez millones de personas sin los derechos ni servicios que los países reservan sólo a quienes tienen ciudadanía plena. En la actualidad, 27 países niegan a las mujeres el derecho de que sus hijos hereden su nacionalidad: Cada diez minutos en el mundo nace un bebé que no tiene patria, generalmente por discriminación de etnia, religión o género.

   "Duele mucho. Para mí es algo muy importante. Todos los extranjeros llevan en el permiso de residencia el nombre de sus países. Si son argentinos, Argentina. Si son ecuatorianos, Ecuador. En el mío no pone nada, sólo dice XXA junto al nombre de mi pueblo natal, en Tinduf", explica Habuha Dadá Baba, saharaui hijo de españoles con DNI y apátrida oficialmente desde este mismo año, cuando por fin, consiguió el estatuto.

   Hasta entonces, este joven de 24 años era un inmigrante en situación irregular. Había obtenido un primer permiso temporal de residencia, pero cuando tuvo que renovarlo al cabo de un año, no había cotizado de corrido los seis meses necesarios para poder seguir viviendo en el país: se lo denegaron. Recurso tras recurso, seguía sin documentación, hasta que pidió, con ayuda de los abogados de ACCEM, que le declarasen persona sin nacionalidad.

   Dadah, que conoció España en 2003 con un programa de vacaciones solidarias, volvió al país años después con intención de estudiar una carrera. Entró con un título de viaje expedido por Argelia, una suerte de visado que le reconocía como refugiado y residente en los campos de Tinduf. El gobierno de Argel proporciona esta documentación para que puedan viajar, pero en ningún caso les reconoce como ciudadanos aunque viven oficialmente en su territorio.

   Ahora, Dadah tiene un pasaporte de color verde como el que tendría de ser argelino, con el escudo de España en la portada. Sin embargo, dentro no aparece ninguno de estos países. Le permite viajar a cualquier lugar del mundo con una excepción: el Sáhara occidental. Dice que no entiende por qué no es español si esa es la nacionalidad de sus padres, la que adquirieron por haber nacido en un territorio que entonces estaba bajo esa bandera. Cuando él nació, la situación política ya era otra.

   "España no reconoce el Sáhara como un gobierno o como un Estado, cuando es un país con su historia y con su gente y lo reconocen en muchos lugares del mundo, pero no quiere saber nada de eso, como Marruecos. Y tampoco nos reconocen como españoles aunque nuestros padres son españoles, tienen un DNI. El primer país que debería dar nacionalidad a los saharauis es España", denuncia Dadah, que se define como ciudadano del Sáhara, aunque en su pasaporte figure como incógnita.