País Vasco es la región de España donde la equidad en el acceso a educación es mayor, según el índice elaborado por Save The Children, que atribuye a esta comunidad una calificación "alta" en esta perspectiva. Las siguientes regiones con mayor equidad educativa son Madrid, Cataluña, Navarra y Aragón, que obtienen una puntuación "media-alta".
Por el contrario, Canarias y Melilla se sitúan en la franja de resultado "muy bajo" (en el caso de Melilla con una puntuación cuatro veces inferior a País Vasco), mientras que Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y La Rioja obtienen una puntuación "media-baja".
El ranking, publicado este martes en el informe 'Iluminando el Futuro' no tiene en cuenta únicamente factores como las becas escolares y universitarias o la oferta de plazas en centros públicos sino también los servicios y equipamientos que ofrecen estos (comedor escolar, actividades extraescolares, actividades culturales) y las ayudas existentes para estas, así como el acceso a Internet, a la práctica deportiva, a la lectura, e índices como la tasa de abandono escolar.
El enfoque de la ONG incide en la necesidad de "ampliar" el concepto de Derecho a la Educación, de forma que incluya todas aquellas actividades y necesidades que es preciso cubrir para garantizar el correcto desarrollo y educación de los menores.
Para Save The Children, la actual cobertura del Derecho a la Educación en España no garantiza que los menores que proceden de familias con bajo nivel de recursos tengan oportunidad de salir del riesgo de exclusión social, y urge a ampliar la cobertura de este derecho a partidas como material escolar, becas de comedor y de transporte o actividades extraescolares (como excursiones de clase) para las familias que no pueden afrontar estos gastos.
En contraposición con la situación de pobreza y desigualdad, denuncia la reducción en más de 6.000 millones de euros el presupuesto público destinado a las partidas de Educación entre 2009 y 2014 y asegura que "si al multiplicarse la pobreza se resta la inversión, las cuentas no salen".
"Entre 2007 y 2013, la inversión en políticas de educación
ha disminuido de manera importante en todas las comunidades y ciudades
autónomas --indica-- A excepción de Navarra,49 que presenta un incremento del 5,75%, todas las comunidades autónomas han reducido su inversión entre 2007 y 2013. Castilla y León, la Región de Murcia, Canarias y Castilla La Mancha, Asturias y Madrid presentan las mayores disminuciones superiores al 15%".
De hecho, señala que, de acuerdo con la evolución de los datos de gasto de los hogares entre 2006 y 2013, la inversión familiar en educación ha aumentado más de un 30% (de 276 euros a 360 euros), mientras que otros gastos como vestimenta, mobiliario o mantenimiento del hogar, transporte, ocio y comidas en locales (restaurantes, hoteles y bares) se ha reducido cada una más de un 25%.
El informe vincula la dificultad de acceder a los recursos que ofrece la educación y el origen socioeconómico de los estudiantes con los datos de abandono escolar. Según el informe, uno de cada tres escolares a los 15 años (35%) ha repetido al menos una vez un curso y cerca del 30% de los estudiantes de secundaria no obtiene el graduado de la ESO.
"El hecho de que los costes ocultos de la educación recaigan en las familias cuando éstas no pueden asumirlos, quiebra el principio de igualdad de oportunidades y gratuidad de la educación. La situación socioeconómica de las familias no puede condicionar de manera determinante el acceso de los niños a los conocimientos y competencias que les aporta la educación", subraya.
UNA PERSPECTIVA DE EDUCACIÓN "MÁS AMPLIA"
Por ello, el informe de la ONG insiste en que las políticas que garantizan el acceso universal al Derecho a la Educación, contemplen el proceso educativo "en su perspectiva más amplia".
"Las políticas públicas deberán ser transversales abarcando aspectos tales como el acceso a los conocimientos, la salud, el deporte, las actividades culturales y de ocio y en general a todo aquello que contribuye a la formación y al desarrollo personal", subraya.
De hecho, asegura que las consecuencias de la pobreza sobre la población infantil no se aprecian únicamente en sus resultados académicos (lo que determina sus oportunidades de futuro) sino que afecta también a "su propia autoestima y su formación como persona adulta".
"Si se priva a los grupos de población más vulnerables de la sociedad de la posibilidad de profundizar en su formación, primará la inequidad por mucho que el sistema garantice la escolarización y el acceso a la educación básica", defienden los autores del documento.
FONDO DE COHESIÓN INTERTERRITORIAL
En este contexto, pide también que se establezca un suelo mínimo de inversión pública y un fondo de cohesión interterritorial a fin de asegurar una educación en equidad y calidad con iguales garantías en todas las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con los datos del INE de 2013, existen diferencias de más del 24% entre el riesgo de pobreza infantil o exclusión social en unas comunidades autónomas respecto a otras. Mientras que en Navarra y País Vasco no llegan al 20%, en otras regiones como Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Ceuta, supera el 40%, llegando al 64% en el caso de la ciudad autónoma.
Asimismo, reclama que ayudas como las becas de comedor, material, transporte y uniforme y para la realización de actividades culturales y extraescolares estén "garantizadas" para los niños en cuyos ingresos familiares no superen el doble del IPREM; que se mantengan los libros de texto correspondientes a cada curso "un mínimo de cinco años" y crear "bancos de libros" en cada centro.
CONCIENCIAR SOBRE EL ABANDONO ESCOLAR
Con el objetivo de combatir las altas tasas de abandono educativo, propone llevar a cabo campañas de concienciación en los centros educativos y medios de comunicación y prestar orientación personal a los alumnos, así como tratar de implicar a las familias y, en los casos de mayor vulnerabilidad, realizar visitas y asesoramiento a los hogares.
También pone el acento sobre la necesidad de garantizar tanto la provisión de plazas de Educación Infantil (con especial atención al ámbito rural) como a las becas y ayudas para acceder; asegurar el acceso a actividades extraescolares para todas las edades y cerciorar que los centros educativos tienen las condiciones adecuadas y son "confortables".
Por último, con el fin de asegurar una "educación de calidad", exige la implicación de las administraciones y la sociedad en la creación de "comunidades educativas", trabajar por la integración de los inmigrantes en la educación y la realización de estudios con indicadores "claros y homogéneos" sobre la realidad de la educación en el país.