ERC y el PSOE han registrado sendas proposiciones no de Ley para su debate en el Congreso que instan al Gobierno a obligar de un modo u otro a los supermercados a donar a entidades sociales el excedente de alimentos aptos para el consumo en línea con la decisión adoptada en la Francia, donde se acaba de aprobar una ley que impide a la distribución tirar productos aptos para consumo.
En el caso de ERC, que cita específicamente como ejemplo a la Asamblea Nacional francesa, su iniciativa recuerda que el Parlamento español ya rechazó una medida similar a la aprobada en el país vecino, pero vuelve a plantearla porque considera que en un contexto socioeconómico como el actual, "no se puede permitir que un tercio de todos los alimentos que se producen se pierda o desperdicie".
"En el Estado español 2 millones de personas pasan hambre hoy en día como consecuencia de la crisis económica, y se calcula que en la UE 43 millones están en peligro de pobreza alimenticia. En el global más de 870 millones de personas pasan hambre cada día (...) Se desperdician 1.300 millones de toneladas de comida al año", dice la exposición de motivos que firma el diputado Joan Tardá.
Su iniciativa insta al Gobieron a presentar un Proyecto de Ley para la reducción del despilfarro alimentario que incorpore "la prohibición para las grandes superficies y supermercados de tirar productos aptos para el consumo y destinarlos a organizaciones sociales sin ánimo de lucro que atiendan a personas bajo el umbral de la pobreza".
Asimismo, ese proyecto de ley deberá incluir "medidas de reutilización y reciclaje de aquellos productos alimentarios que ya no sean aptos para el consumo humano" y obligar a "grandes superficies y supermercados a ser transparentes y hacer público el destino de los productos alimentarios que ya no son aptos para su venta".
Por último, insta al Ejecutivo a poner en marcha una campaña institucional de sensibilización ciudadana para reducir el despilfarro alimentario doméstico.
"HAY QUE DAR UN PASO MÁS"
Desde el Grupo Socialista, el portavoz de Agricultura, Alejandro Alonso, parte de la premisa de que el desperdicio de comida "es inadmisible y se hace imperativo dar un paso más".
Insta al ejecutivo a "adoptar, con carácter inmediato, las medidas necesarias para establecer la obligación legal de proceder, siempre que sean aptos para el consumo, a la donación a organizaciones benéficas autorizadas (ONG, entidades solidarias, bancos de alimentos) de los alimentos, así como el correspondiente régimen sancionador aplicable en caso de incumplimiento de la misma".
"Queremos dar rango legal a un principio que es asumible por todos y más en un momento en que son alarmantes las necesidades que padecen muchas personas", destaca Alonso.
En este sentido, recuerda que España es el sexto país europeo que más comida desperdicia, con 8 millones de toneladas anuales, tras Alemania, Holanda, Francia, Polonia e Italia. La FAO estima que cerca de 1.300 millones de toneladas, un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial para consumo humano, se pierden.
Además, la Comisión Europea calcula que en Europa se malgastan anualmente 100 millones de toneladas de alimentos susceptibles de ser consumidos y, si no se corrige la tendencia, se espera que lleguen a 126 toneladas en 2020.
Desde la Unión Europea, sobre todo a partir de 2011, se han elaborado programas de buenas prácticas para prevenir frente al desperdicio de alimentos, y en 2014, la Comisión Europea ha elaborado una hoja de ruta hacia una Europa eficiente en materia de recursos, que identifica al sector alimentario como un sector clave en el que la eficiencia debe ser mejorada.
En España desde abril de 2013, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha puesto en marcha la estrategia "Más alimento, menos desperdicio", pero el PSOE considera que "es hora de avanzar más". "Apostamos por una política más ambiciosa frente al desperdicio de alimentos", añade Alonso
