Los profesores de los centros públicos en España, que suponen aproximadamente el 70 % del total de los docentes, son evaluados para acceder a la profesión, pero no lo son después de forma regular como ocurre en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Es uno de los principales puntos destacados sobre España por este organismo de cooperación internacional en su informe Panorama de la Educación 2015 -"Education at a Glance"-, dado a conocer hoy.
De los 34 países de la OCDE, sólo en España, Italia, Irlanda e Israel no se requiere una evaluación regular del funcionamiento de los profesores después de haber accedido a la profesión.
Sin embargo, en la mayoría de los países estudiados hay evaluaciones regulares del profesorado y los resultados sirven para tomar decisiones sobre su desarrollo profesional.
Un mal resultado en dicha evaluación periódica tiene consecuencias para los docentes, la más común es la necesidad de una evaluación posterior (en dieciséis países) y la formación obligatoria (en diez países). Incluso en once países la evaluación regular del profesorado afecta al salario del profesor.
El estudio de la OCDE coincide en el tiempo con el debate abierto en nuestro país después de que el Ministerio de Educación haya encargado al filósofo y pedagogo José Antonio Marina la elaboración del borrador del Libro Blanco del profesor o Estatuto Docente.
Precisamente Marina sostiene en su blog que "no sólo se puede evaluar -a los docentes-, sino que se debe hacer".
Marina propone siete parámetros para evaluar a un profesor: portfolio profesional o documentación sobre su trayectoria académica y profesional; aprovechamiento pedagógico del alumno, no la nota; opinión del alumno; observación del profesor en el aula (cómo da clase, cómo se relaciona con el alumno); relación que mantiene con los padres de los alumnos; modo de colaborar con el resto de profesores del centro y calidad del centro.
La evaluación del profesorado antes de comenzar su docencia está legislada y es requerida en las tres cuartas partes de la OCDE y de los países asociados con datos disponibles al respecto.
Es el caso de España -recuerda la OCDE-, el registro de profesores es preceptivo en el sistema público para acceder a la profesión y confirmar oficialmente que es competente para la enseñanza.
Sin embargo, otras formas de evaluación del profesorado no están legisladas, como son la evaluación regular, la evaluación para la promoción y los sistemas de incentivos.
Por otra parte, el estudio subraya que en España, en la primera etapa de la ESO, hay 25 alumnos frente a la media de 24 en los países de la OCDE, aunque el tiempo que dedican los profesores a mantener el orden es similar al del resto de países.
Además, la ratio de alumnos (15 años) por ordenador es más baja que en la media de la OCDE (2,2 frente a 4,7, respectivamente), y en nuestro país hay una proporción mayor de directores de centros que afirman tener escasez o deficiencia de ordenadores para la enseñanza.
En España los alumnos de 15 años obtienen mejores resultados en lectura en papel que en lectura digital, mientras que en la OCDE, de media, ocurre lo contrario.
El informe destaca que en España hay más oportunidades laborales para los adultos con doctorado que para los que sólo tienen grado y máster: 77 % de adultos con grado están empleados, 79 % con máster y 87 % con un doctorado.
Y los adultos españoles con educación terciaria (FP superior y universitarios) tienen más posibilidades de estar entre el 25 % con mayores sueldos mensuales que aquellos que sólo tienen la ESO.
Además, el 98 % de los alumnos que acaban la ESO tiene menos de 25 años mientras que a esa edad los que acaban la FP suponen el 61 %, datos que en la OCDE son de 97 % y 83 %, respectivamente.
