El Ministerio de Justicia recuerda que el certificado que todas las personas que pretendan trabajar con menores deben solicitar para acreditar que no cuentan con antecedentes penales por delitos sexuales es gratuito y se puede pedir por internet, correo o de forma presencial en varias sedes.

Tras la puesta en marcha el pasado martes del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que incluirá los datos identificativos y el perfil genético de los condenados por delitos sexuales en España, el ministerio subraya que la obligatoriedad del certificado pretende proteger a los menores contra la explotación y el abuso sexual.

Así, la persona que pretenda trabajar con menores deberá presentar un certificado que acredite que no está incluida en dicho Registro, como por ejemplo sucederá con los profesores, quienes no podrán tener antecedentes penales por delitos sexuales para ejercer la docencia.

El certificado es gratuito y puede solicitarse a través de la sede electrónica del ministerio; de forma presencial en los registros de las gerencias territoriales, en el centro de atención al ciudadano de Madrid, en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y en los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración general, de las comunidades autónomas o a la local.

También puede conseguirse por correo postal dirigido a cualquiera de las gerencias territoriales o al centro de atención ciudadanos de Madrid.

El Registro Central de Delincuentes Sexuales incluirá los datos de todos los condenados por sentencias firmes dictadas, tanto en España como en otros países, por cualquier delito sexual, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima o del condenado.

Pero también incorporará el ADN del condenado cuando lo establezca una resolución judicial, con el fin de dar seguimiento y control a estos delincuentes dentro y fuera de España, así como las penas y medidas impuestas contra estos delincuentes.

"Se trata de un mecanismo que facilita la prevención, la investigación y la persecución de estos delitos y pretende evitar que quienes sean condenados en sentencia firme puedan realizar actividades o ejercer profesiones en contacto con menores", insiste el ministerio.