Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han liberado a dos mujeres colombianas y han detenido a 13 miembros de una red dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en Gipuzkoa. Las víctimas estaban siendo explotadas en un chalet de San Sebastián, donde vivían hacinadas en literas habilitadas en la cocina y debían estar disponibles las 24 horas del día, según ha informado el Ministerio del Interior.
Además de dedicarse a la trata de seres humanos, la organización traficaba con sustancias estupefacientes que vendían entre los clientes. Los dirigentes de la red blanqueaban las ganancias obtenidas mediante el uso de entramados empresariales ficticios y cuentas bancarias ubicadas en el extranjero, obteniendo unos ingresos no justificados de 6 millones de euros desde el 2014.
La organización contaba con integrantes en España y Colombia, destino final de los beneficios obtenidos y de donde procedía la familia de la principal investigada, una ciudadana de origen colombiano.
Tras analizar toda la información recabada durante la investigación, los agentes llevaron a cabo un operativo en Gipuzkoa, donde han detenido a 13 personas y desarticulado por completo la organización criminal. Los agentes llevaron a cabo tres registros domiciliarios, uno de ellos en la vivienda donde se realizaban los servicios de prostitución y otros dos en domicilios relacionados con la principal responsable.
En uno de estos registros, concretamente en la vivienda donde se llevaban a cabo los servicios sexuales un chalet de San Sebastián, una de las mujeres manifestó estar siendo explotada por la red.
Gestiones posteriores llevadas a cabo por los investigadores permitieron localizar a otra mujer que aseguró ser víctima de la organización. Ambas, de origen colombiano, han sido liberadas.
DISPONIBLES LAS 24 HORAS
Según ha indicado el Ministerio del Interior, en el operativo en dicho chalet ha sido incautada diversa documentación que acredita el control al que eran sometidas las mujeres, así como el blanqueo de capitales investigado.
Respecto a las condiciones a las que eran sometidas, Interior ha destacado el estado de hacinamiento de las mujeres que se encontraban en este domicilio, al permanecer en una estancia que correspondería a la cocina de una casa donde se habían ubicado seis literas entre las que tenían que acomodar sus efectos personales.
Estas mujeres debían firmar un contrato de alquiler de habitaciones ficticio, y en todo momento permanecían controladas por la principal responsable a través de otras mujeres que utilizaba como encargadas, quienes se encargaban de que estuvieran disponibles las 24 horas del día, sin posibilidad de rechazar ningún cliente o servicio sexual solicitado.
Estas encargadas facilitaban las sustancias estupefacientes a los clientes que las solicitaban, principalmente cocaína, a través de las propias mujeres tratadas, que tampoco podían negarse a la venta.
BLANQUEO DE CAPITALES
En la totalidad de los registros se han incautado cerca de 40.000 euros en efectivo así como recibos acreditativos de pagos mediante tarjetas de crédito. Lo hallado por parte de los agentes en el operativo les hace estimar que únicamente durante dos días en un solo mes la organización habría llegado a unos ingresos de, al menos, 7.500 euros, pudiendo establecer por las averiguaciones y el análisis de determinados documentos que desde 2014 los miembros de la organización superaban los 4 millones de euros en ingresos no justificados.
Estos ingresos se destinaban a la compra de propiedades inmobiliarias en Colombia, país de origen de los mismos y destino definitivo del dinero que obtenían con las diversas actividades delictivas.
Por orden judicial se ha instado la clausura cautelar de la vivienda donde se llevaban a cabo las actividades de explotación de las víctimas, y se continúa con las investigaciones para la identificación y localización de otros posibles integrantes de la organización.
Asimismo, se han intervenido diversas armas prohibidas tanto en el chalet de San Sebastián como en el domicilio de la principal responsable, así como numeroso material informático que está siendo analizado por la Dependencia Regional de Informática de la Agencia Tributaria en el País Vasco.
