La asociación de familias por gestación subrogada en Georgia y Ucrania (APINGU) ha denunciado el "maltraro institucional" que el Gobierno de España está ejerciendo sobre sus hijos al impedir que sean inscritos en el registro civil de las embajadas de estos países.
APINGU denuncia esta situación en una carta que han dirigido a los examinadores y relatores de la ONU, y que uno de los afectados ha leído ante la embajada de España en Kiev (Ucrania). En la misiva señalan que en dicha embajada, sus hijos que son españoles según la Constitución son "despreciados y rechazados" por su Ejecutivo.
Las familias se refieren a la situación que viven desde febrero de 2019, momento en el que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez dictó una instrucción dando orden de no inscribir a los niños españoles nacidos por gestación subrogada, si no disponen de sentencia con exequátur, algo, explican los progenitores, "imposible" en Ucrania y Georgia, en cuya regulación no es necesaria una sentencia para reconocer a los padres de intención como sus padres legales.
"Desde entonces, cientos de familias deben permanecer retenidas en Ucrania y Georgia durante varios meses, hasta conseguir, como alternativa a la apatrídia, la nacionalidad ucraniana o georgiana, y así poder volver a España, su país", han denunciado.
NIÑOS "DESPROTEGIDOS" DE DERECHOS
En todo este proceso, señalan en el texto recogido por Europa Press, se están vulnerando derechos que los menores españoles tienen por el hecho de serlo, como el de identidad, el de asistencia sanitaria pública y gratuita, una asistencia y cuidado adecuado en sus primeros meses de vida, a prestaciones económicas, deducciones en impuestos y subvenciones por hijos a cargo, a derechos sucesorios en caso de fallecimiento de alguno de sus padres o a no ser extranjero en su propio país, entre otros.
"Nuestros hijos, bebés de pocos meses de vida, están totalmente desprotegidos hasta conseguir el reconocimiento de ambas filiaciones en España. Primero la del padre, la cual es conseguida tras un juicio que puede tardar en torno a un año. Y posteriormente la filiación materna tras un proceso de adopción, que puede durar uno o varios años", explica APINGU.
La asociación lamenta la "cruzada" que el Gobierno español mantiene contra la gestación subrogada que permite que se trate a los bebés "como meros daños colaterales, ignorando las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos" que dan la razón a las familias.
Las familias aseguran que no están pidiendo "un trato extraordinario" para sus hijos, sino "un trato igualitario y justo", así como que "se respeten sus Derechos Humanos, que se les respete su identidad y que les permitan ser quienes son, no otros".
