En España viven cerca de 70.000 mujeres procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina (MGF) de las que más de 18.000 son menores de 14 años, es decir, aquellas que corren el riesgo de ser mutiladas cuando viajan con sus familias de vacaciones a sus lugares de origen.

Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 200 millones de mujeres y niñas han sufrido mutilación genital en 30 países de África, Oriente Medio y Asia. 

En la mayoría de los casos se practican en la infancia, en algún momento entre la lactancia y los 15 años, formando parte de un ritual de paso a la edad adulta.

Es una práctica cultural que se realiza en el contexto de una comunidad y de un grupo que la justifica por creencias desde distintos ámbitos: costumbre y tradición, control de la sexualidad, funciones reproductivas, de higiene, estéticas, religiosas. 

Internacionalmente la MGF esta reconocida como una violación de los derechos humanos y de la infancia y como una forma extrema de discriminación de la mujer. 

No obstante, los expertos recalcan que ni en todos los países africanos se practica la ablación, ni dentro de un mismo país la practican todos los grupos étnicos.

LA MUTILACIÓN 

Consiste en la ablación parcial o total de los genitales externos de la mujer, así como otras lesiones de los órganos genitales, causados por razones culturales u otras y no con fines terapéuticos.

Suele ser realizada por una mujer de edad avanzada, muy respetada en la comunidad (la partera o la curandera).

Se desarrolla en condiciones higiénicas deficientes mediante cuchillos, latas, cristales o cualquier otro instrumento cortante. Luego se aplican ungüentos, hierbas, leche, ceniza, etc.

En los casos de infibulación -estrechamiento de la abertura vaginal mediante sutura- para coser suelen utilizarse espinas de acacia y se colocan palos a lo largo de las piernas para que al moverse la niña no se le claven las espinas y la herida pueda cicatrizar.

CONSECUENCIAS DE LA ABLACIÓN 

Las consecuencias físicas y psicológicas que sufren las mujeres mutiladas son múltiples y, la mayoría de ellas, las acompañan durante toda su vida.

Las más frecuentes son dolor intenso, hemorragias, infecciones, lesiones de órganos y estructuras anatómicas de la zona, fracturas, incontinencia, anemia, depresión y terror.

Además, algunas tienen complicaciones en el parto que en ocasiones pone en riesgo la vida del recién nacido. Muchas quedan estériles.

CONTEXTO INTERNACIONAL

En 1997, basándose en años de trabajo de la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) hicieron pública una declaración conjunta contra la práctica de la mutilación genital femenina.

El 20 de diciembre de 2012 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que condenaba la ablación e instaba a los estados miembros a su prohibición y castigo.

Según el Parlamento Europeo, se trata de una cuestión que afecta a todo el mundo, pues cada vez son mayores los flujos migratorios.

En mayo de 2011 vio la luz el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul, que define como delito todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la mutilación genital femenina. Cuenta con la adhesión de 49 países entre los que se encuentra España que lo firmó en 2014.

Es el primer instrumento de carácter vinculante en Europa en materia de violencia contra la mujer y violencia doméstica. 

Sólo nueve países de la Unión Europea, incluida España, poseen una legislación específica para la mutilación (Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Irlanda, Italia, Suecia y Reino Unido).

CONTEXTO ESPAÑOL 

En España la mutilación es un delito de lesiones previsto en el Código Penal y castigado con entre seis y doce años de prisión.

Y el personal sanitario tiene la obligación legal de poner en conocimiento de la autoridad judicial la posible existencia de un hecho delictivo.

Además, en el caso de menores ya mutiladas está previsto que se aplique la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

Desde 2015, España cuenta con un protocolo de prevención de la MGF, que incluye una herramienta muy efectiva: El "compromiso preventivo", un documento desarrollado para que los progenitores de las niñas puedan utilizarlo en sus viajes a sus países como elemento de apoyo en su decisión de no practicársela a sus hijas.

Lo firma el pediatra o médico del centro de salud que certifica que las niñas no han sido mutiladas y en él los padres se comprometen a no someterlas a la ablación. Además, se les recuerda que en España es un delito penado con cárcel.

La Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, aprobada en Consejo de Ministros, contiene el eje específico "Visibilización de otras formas de violencia sobre la mujer", que incluye la mutilación genital femenina.

La población residente en España procedente de los países donde se practica la MGF, es originaria fundamentalmente de Senegal, Nigeria, Mali y Gambia y reside mayoritariamente en cinco comunidades: Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia y Aragón.