La histórica subida de la luz ha provocado un monumental y generalizado cabreo porque el encarecimiento se produce con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias al frente del Gobierno y pese a que ambos arremetieron duramente contra el Ejecutivo del PP cuando se dispararon precios. Hasta que tocaron poder mostraron, además, su determinación a pararle los pies a las eléctricas. Ambos quedan tocados porque habrán de explicar por qué no rebajan el recibo en la parte en la que sí pueden hacerlo. La factura, según los expertos, es un cajón de sastre en el que el coste de la energía supone únicamente 37 de cada 100 euros. Veintiún euros corresponden al IVA e impuesto especial y los 42 restantes son los costes regulados fijados por el Gobierno y entre los que se incluyen subvenciones a las renovables, déficit de tarifa o distribución.

Alberto Garzón, ministro de Consumo, trata de escurrir el bulto y asegura que pedirá al Consejo Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que aclare si habido irregularidades en el mercado eléctrico. Dispara con balas de fogueo. El sector ya le ha enseñado los dientes al Gobierno. En diciembre, la ministra Teresa Ribera anunció que cargaría el coste de las subvenciones a las renovables y las compensaciones al carbón, unos 7.000 millones de euros, a las compañías energéticas. Las petroleras advirtieron de que repercutirán el coste en sus clientes. Así que, de una manera u otra, siempre pagamos usted y yo.

El sector es muy poderoso. Solo tres empresas se reparten la práctica totalidad del pastel, Endesa, Iberdrola y Naturgy, sin que haya existido competencia real nunca. Su influencia política es incuestionable... En ellas han recalado personajes como Elena Salgado o Pedro Solbes, ex ministros de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, o Ángel Acebes, del PP.

Pero este hachazo a la economía familiar también tendría que servir, además de para constatar que tanto PSOE, como Unidas Podemos y PP no piensan como organizaciones en sus bolsillos, para enfrentar dos o tres cuestiones de calado. En primer lugar, España es dependiente energéticamente. Si el gas de Argelia no llega porque especula en su venta con China y Japón, estamos fastidiados. Por otro lado, las energías renovables son caras e insuficientes. Aunque suene bien aquello de que España es un país con un potencial tremendo en viento y sol, la realidad, cuando hace frío y comenzamos a tirar de la red, es que las eólicas y las fotovoltaicas no pueden ofrecer suficiente potencia. Y, en tercer lugar, es hora de preguntarse si el Gobierno acierta cuando decide cerrar las plantas nucleares que quedan en España porque, seamos francos, es la mejor opción (abrir más) para atender la demanda sin que tengamos que sufrir incrementos súbitos en el recibo como esta semana. No es políticamente correcto y el fantasma de Chernóbil está presente. Pero la otra opción es pagar lo que no podemos y que sigan enriqueciéndose unos cuantos, como siempre.