La Fiscalía de Málaga ha solicitado al juzgado que investiga el caso por presunto maltrato a animales en la asociación Parque Animal, ubicada en la localidad malagueña de Torremolinos, que encargue al Colegio de Veterinarios un informe pericial sobre las supuestas muertes agónicas de animales que fueron sacrificados en dichas instalaciones.
En concreto, según han explicado a Europa Press fuentes del caso, se ha solicitado que por parte de dicho colegio profesional se emita un informe para certificar "el efecto que tiene sobre un animal el inyectarle una dosis baja de un producto eutanásico y lo que ocurre si eso se lleva a cabo por una persona no especializada".
La directora del centro fue detenida en noviembre de 2010 y el juzgado acordó su puesta en libertad. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil iniciaron la investigación cinco meses antes a raíz de la denuncia de un veterinario que había ejercido su profesión en dicho colectivo.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos, encargado del caso, dictó en octubre de este año 2012 un auto en el que acordó seguir la causa contra la que fuera directora y un trabajador por un delito continuado de maltrato animal y por otro de intrusismo, a la vista de las diligencias practicadas hasta el momento.
En dicha resolución se decretó el sobreseimiento provisional de la causa respecto del delito de falsedad documental, por el que estaban imputadas, además de la directora, otras dos personas, para las que también se ha archivado la causa. Esta decisión ha sido recurrida por el fiscal, al considerar que sí existen indicios de dicho delito.
Además, la acusación pública ha pedido que se realice dicho informe pericial por parte del Colegio de Veterinarios, tras presentar la defensa un escrito en el que se negaban que se produjeran muertes agónicas en dicho establecimiento, en el que los agentes de la Guardia Civil que actuaron encontraron "gran cantidad" de animales muertos.
En el auto del juzgado ya consta que los investigadores sostienen que en dichas instalaciones, dirigidas por la imputada, se practicaron sacrificios "masivos e injustificados" de animales, utilizando productos "en dosis inferiores a las necesarias, produciendo la muerte causándole grandes sufrimientos innecesarios".
Al respecto, en la resolución dictada por el instructor, a la que ha tenido acceso Europa Press, se indica que supuestamente los imputados aplicaron "de modo incorrecto" productos eutanásicos, causando a dichos animales, perros y gatos, "sufrimientos injustificables".
Asimismo, en dicha resolución, también se considera que hubo un delito de intrusismo profesional, según las investigaciones, los dos imputados "no poseen la titulación que les habilite para poder inyectar los productos a los animales provocándoles la muerte".
