Un informe del secretario municipal de Torremolinos, solicitado por el pleno a instancia de una moción de Izquierda Unida, ha revelado que las subvenciones otorgadas al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) desde 2007 "fueron concedidas irregularmente, por infracción del ordenamiento jurídico". Así el documento declara estas subvenciones "lesivas para los intereses del Ayuntamiento, con un perjuicio económico de 702.408 euros para las arcas municipales".

Así lo han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado, precisando que se señala que la devolución de estas ayudas desde el año 2007 hasta 2013 "ha caducado, por lo cual no procede dicha devolución por parte de las empresas beneficiarias".

El documento del secretario municipal concluye, han apuntado, que "mientras el Consistorio concedía estas ayudas a grandes empresas, el equipo de Gobierno del PP despidió a 59 trabajadores -en el año 2011-, justificándose en los graves problemas económicos que atravesaba".

Asimismo, han señalado que el informe continúa "aclarando que esta subvención no ayuda o fomenta ninguna actividad de utilidad pública o de interés social, ya que su principal finalidad, según las mociones plenarias de fecha 27 del junio de 2007 y de 30 de abril de 2012, era cumplir -y cita el secretario literalmente- 'con el programa electoral que votó mayoritariamente el pueblo de Torremolinos, sin más'".

"Estas subvenciones se aprobaron en 2007 con la mayoría absoluta del PP, de forma unilateral y en solitario con el voto en contra del resto de formaciones con representación en el pleno", ha asegurado la concejala de Hacienda, Maribel Tocón. Además, han añadido que las mociones "no fueron objeto de publicación en ningún boletín oficial, ni su contenido fue recogido en la correspondiente ordenanza fiscal del IAE en ningún ejercicio presupuestario".

Por tanto, apunta el informe, "la ausencia de publicación de las mociones las condenó a que nunca entrasen en vigor, sin embargo el secretario detalla en su informe que se estuvieron aplicando durante diez años", han afirmado desde el Ayuntamiento.

El documento expone que "nos encontramos ante un claro supuesto de beneficio fiscal revestido de la apariencia de una subvención, donde tener la sede social en el municipio no está contemplado en ninguna norma de rango legal como beneficio fiscal, por lo que vulnera el principio de reserva de ley en materia tributaria".

Así desde el punto de vista presupuestario, las cantidades otorgadas a las empresas "no eran ni tan siquiera consignadas en el estado de gastos", continúa el informe. En este sentido, Tocón ha recalcado que "el PP no quiere unos presupuestos legales, ya que unos presupuestos ilegales le permitían desviar 700.000 euros para fines electoralistas tal y como apunta el informe".

En esta ocasión, "el procedimiento de lesividad de esta subvención la declara contraria a derecho y lesiva para el interés público, no así a los beneficiarios de estas ayudas, por entender que concurren circunstancias de equidad y buena fe de los mismos, y por consiguiente no procede solicitar a los beneficiarios su devolución", han precisado.

Tal y como manifestó la concejala Maribel Tocón en el pleno en el que se aprobaba iniciar este expediente el pasado octubre "la voluntad política del equipo de gobierno en ningún caso es perjudicar a las empresas que no tienen culpa de las políticas del PP".