La comisión de investigación abierta por el Ayuntamiento para investigar el caso de la falta de inspecciones en varios chiringuitos de Los Álamos entre los años 2010 y 2014 ha acordado hoy en una nueva sesión llamar a comparecer al exjefe de la Policía Local y a varios integrantes de la denominada Patrulla Verde en ese periodo, cuando gobernaba el Partido Popular. Precisamente, los miembros del PP en la comisión son los únicos que se han abstenido, mientras que todos los demás grupos han votado a favor de la comparecencia de los policías.

La presidenta de la comisión y portavoz de Ciudadanos, Ángeles Vergara, ha explicado los motivos para citar a los agentes y conocer así de primera mano si tenían constancia de los problemas que ocurrieron en la zona de Los Álamos, así como de las denuncias por el ruido y los excesos de algunos chiringuitos, lo que motivó denuncias de los vecinos, la Guardia Civil, una investigación de la Fiscalía y la apertura de diligencias judiciales. Vergara concretará las fechas de las comparecencias, en las que los policías explicarán dónde se encuentran las actuaciones policiales relacionadas con este asunto. La siguiente sesión de la comisión de investigación será pública y abierta a la prensa, igual que todas las anteriores.

Investigación judicial

La comisión se creó en la sesión plenaria del 30 de junio de 2016. Las posibles responsabilidades políticas y administrativas de los policías están siendo además investigadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos. El actual equipo de Gobierno reestructuró las áreas municipales con competencia en estas áreas de investigación, al considerar que hasta entonces no habían funcionado correctamente. Por este motivo, se puso en marcha una Unidad Específica Disciplinaria y Sancionadora, para centralizar todos los expedientes administrativos.

El juzgado requirió al Ayuntamiento el 24 de febrero de 2016 para que informara de los motivos por los que no habían incoado expedientes sancionadores a pesar de la existencia de informes de mediciones acústicas en las que se superaban los niveles autorizados legalmente en el citado periodo. Además, desde el órgano judicial preguntaban por la ausencia de seguimiento de los que se archivaron, “a pesar de las constantes denuncias recibidas”. El 20 de junio del año pasado, ya con el nuevo equipo de Gobierno, el mismo juzgado requirió los informes de licencia de apertura de alguno de los establecimientos de Los Álamos, así como los expedientes sancionadores.

Posible prevaricación

Estas diligencias previas fueron abiertas a petición de la Fiscalía Provincial de Málaga en septiembre de 2015, en la que se reflejaba que desde el año 2010 varios ciudadanos y el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil interpusieron denuncias en el Ayuntamiento con motivo “del desarrollo de actividades molestas por parte de chiringuitos de las playas de Torremolinos (música y servicios de copas hasta altas horas de la noche)”. Las actividades no estaban amparadas por las licencias administrativas de estos locales, concedidas como restaurantes o kioscos de playa, según consta en las denuncias. La Fiscalía consideraba que estos hechos podrían ser constitutivos de “un delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal, del que podrían responder en concepto de autor los responsables municipales que resulten de las diligencias que se interesen”. Este artículo trata sobre la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos y contempla penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La Fiscalía considera que solo se tramitaron las denuncias dirigidas al departamento de Medio Ambiente pero se obviaron otras. Además, destaca que todas se archivaron, a pesar de que las actividades molestas y no autorizadas siguieron produciéndose: “En los establecimientos se desarrollan actividades (música y consumo de bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche, funcionando como auténticas discotecas o bares de copas) no autorizadas por el pliego de cláusulas de adjudicación (como restaurantes o kioscos de playa)”.

Por último, la Fiscalía Provincial mantiene que no se incoaron expedientes sancionadores en casos en los que se comprobó que el nivel de ruido superaba el límite legal. Aunque se precintaron algunos equipos de música, se retiraron los precintos “a solicitud de algunos de los interesados para instalar limitadores, archivándose posteriormente los expedientes tras comprobar que las nuevas mediciones fueron correctas, sin actividad de seguimiento alguna a pesar de las constantes denuncias recibidas”.

La presidenta de la comisión, Ángeles Vergara, ha manifestado su más absoluto respeto a las diligencias abiertas y su compromiso con el cumplimiento de la legalidad, motivo por el que se abrió la comisión de investigación.