¿Quién no ha oído hablar de la novela de Julio Verne, titulada “Miguel Strogoff”, el correo del Zar? Si no tiene noticias de ella sería recomendable leerla o verla en forma de película. Tanto en uno como en otro formato es fácilmente localizable por internet. Y si fue publicada en 1876, alguna persona pensará ¿a qué viene invocar a Miguel Strogoff? Su relación viene de la mano de la Huelga en Correos convocada en toda España por siete sindicatos, entre los que no figuran los autodenominados “mayoritarios”. El titular de este texto viene a cuento por partida doble: Por un lado, hoy es posible afirmar que se recibe el correo por Azar, ya que cada persona trabajadora en Correos, ante la sobrecarga de entregas de paquetería, debe decidir aleatoriamente que correspondencia puede repartir y cual dejar en la cartería para otro mejor momento, y así de esta forma azarosa es como la ciudadanía puede, o no, recibir un servicio postal considerado esencial. Por otro, el Correo del Zar, Miguel Strogoff, se encontró con todo tipo de dificultades para, nada menos que atravesando Siberia en medio de la invasión tártara de Rusia, poder entregar una carta al hermano del Zar, donde este le advertía sobre los planes del traidor Ogareff. Evidentemente salvando las distancias -no ya las 5000 millas que tuvo que recorrer Miguel- alguna que otra traición, al interés general, deben vencer quienes se dedican a la noble tarea de garantizarle a sus conciudadanos y conciudadanas el derecho al servicio postal, que debe ser repartido diariamente. Y para muestra de los nuevos Ogareff dos referencias. La primera aparece en el preámbulo la ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, se dice: “Como la propia normativa comunitaria reconoce, los servicios postales son un medio esencial de comunicación, comercio y cohesión social, económica y territorial, y en el cumplimiento de su función de interés general contribuyen al logro de los objetivos de equidad, empleo y protección social, al tiempo que favorecen la competitividad de las empresas y la elevación de la calidad de vida de los ciudadanos”. La segunda se encuentra en la Constitución española de 1978, que va camino de cumplir 45 años de existencia. Aunque fue actualizada, de prisa y corriendo, por aquello de la deuda externa, el 27 de noviembre de 2011, hace ahora 11 años. ¡Cómo pasa el tiempo! En su cortito, pero profundo, Artículo 128, con sólo dos puntos, dice algo al respecto. El primero, para enmarcarlo y tenerlo muy a la vista en tiempos tan difíciles como toca vivir, dice: “1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” ¿Para cuándo? El segundo, afecta directamente al servicio postal cuando dice: “2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.” Y si el servicio postal es esencial ¿por qué no se reserva en su esencialidad al Estado? Y si el Estado debe garantizarlo ¿No es razonable que este asuma aquella actividad más rentable que permita sufragar los costos de ese servicio público? Quienes privadamente desean hacer dineros, prestando servicios públicos, deben comprender que todo servicio público, al estar exento de lucro, no puede ser nunca un “negocio”. Por definición la prestación de todo servicio público debe garantizar los derechos esenciales a todas las personas sin excepción alguna. Y ninguna empresa privada se entretendrá en realizar actividades mercantiles sin beneficio. ¿Cómo es posible mercantilizar un derecho? Y ¿hay algo más importante para el interés general que garantizar el ejercicio de esos derechos? Quienes traicionan el interés general pretenden convencer de que el ejercicio de un derecho es una mercancía por la que debe pagarse. Esta perversión del derecho es lo que está justificando la externalización de servicios públicos de forma que lo que debe correr por cuenta del Estado (el complejo puzle de instituciones en España) que se sufraga vía impuestos, acaba produciendo beneficios empresariales privados. En cualquier todo servicio público que pudiera generar ingresos al Estado debe ser exclusivamente prestada por este, para de esta forma reducir drásticamente los impuestos. Garantizar el ejercicio de derechos ciudadanos tiene costos a los que la ciudadanía debe contribuir. Salud, Dependencia, Educación, Servicio Postal, Transportes públicos, Seguridad… y estos debe asumirlos en exclusividad el Estado. El mundo empresarial debe navegar en el mercado de las mercancías donde no se pueda negociar con ningún derecho esencial, porque estos deben estar garantizados para todas y todos por el Estado. Parece fácil, pero no lo es, precisamente por el enorme interés de la esfera privada en hacer negocios con los derechos ciudadanos. El derecho a recibir un servicio postal diario y eficientemente es uno de ellos y para botón de muestra de cómo no se garantiza el mismo puede mencionarse una ciudad andaluza. En Algeciras, se ha cerrado la oficina principal toda la vida en la Calle Radio Algeciras (Antes José Antonio) y también se cerró la oficina que venía durante años operando en un renombrado supermercado. ¿Qué queda operativo? Sólo una oficina principal y dos personas de atención en otro centro comercial privado. ¿Eso sólo para atender una población de más de 140 mil personas? De esta forma se obliga a las personas a realizar desplazamientos a distancias superiores a 6 kilómetros, sin conexiones con servicios públicos. Repartos de cartería en barriadas de hasta 3 semanas de frecuencia… Para ser un servicio esencial para la ciudadanía ¡qué difícil lo están poniendo! En estas circunstancias Miguel Strogoff encontraría sencilla su hazaña y el hermano del Zar perdería toda esperanza de llegarle la carta a tiempo y de esta forma desenmascarar al traidor Ogareff.
Fdo. Rafael Fenoy
