El Plan Especial contra el Narcotráfico en el Campo de Gibraltar, puesto en marcha en 2018, ha marcado “un antes y un después” también en la lucha contra la corrupción de los agentes de la zona, según asegura a Efe Miguel Ángel Ramos, portavoz en de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Cádiz.
En ese periodo han sido detenidos por contactos con narcos 34 agentes, entre ellos el que fuera jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.
Pero la situación sigue preocupando, según un atestado que el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil y la Brigada de Estupefacientes de la Policía han remitido a la Audiencia Nacional y en el que exponen que “existe un grave problema de corrupción policial en el sur de España”, según publica hoy eldiario.es.
Este atestado forma parte del sumario que instruye la Audiencia Nacional, por el que el juez envió a prisión el pasado mes de junio al guardia civil Antonio Jesús P.Ll., destinado en el puerto de Tarifa y conocido como “Ojos de loco” o “El Fuerte”, y a otro agente.
Según eldiario.es, la investigación sobre estos agentes se inició cuando, a través de un micrófono oculto, los policías que investigaban a una de las mayores redes de tráfico de drogas de España, escucharon que un guardia civil se había ofrecido para trabajar para ellos.
Ahí se inició una nueva investigación que llevó a la detención de “El Fuerte”, que llevaba una década facilitándole las operaciones a los narcos.
Los investigadores, siempre según eldiario.es, explican que este agente pidió a los narcos 12.000 euros para sentarse en una reunión y 50.000 euros en el momento de la entrada del camión cargado con droga.
Miguel Ángel Ramos, que trabaja en La Línea de La Concepción, explica que las redes del narcotráfico siempre han tratado de tentar a los agentes de la zona.
“Fui a comprarme una moto a una tienda de La Línea de La Concepción. Yo pedí una de 2.500 euros. Allí mismo me dijeron que cogiera una que valía 12.000 euros, que la probara y me la quedara, que alguien la pagaría. En ese momento llegó un compañero con una moto como la que me estaban ofreciendo y me dijeron, mira él tiene una igual. Yo ya lo entendí, lo rechacé y me fui a comprar la moto a Málaga”, ha relatado a Efe un agente que trabaja en la zona.
Es uno de los ejemplos de cómo los narcotraficantes tratan de iniciar los contactos para corromper a los agentes.
“Si en ese primer contacto dices un no tajante, que es lo que dicen casi todos los agentes, no vuelven”, comenta otro miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
“No es algo generalizado”
El portavoz de la plataforma Por tu seguridad, por la de todos, que engloba a una veintena de colectivos antidroga y asociaciones y sindicatos policiales en el Campo de Gibraltar, y presidente de la coordinadora contra la droga Alternativas, Francisco Mena, sostiene que “no se trata de algo generalizado. Esto no es México o Colombia, sería injusto considerarlo algo muy extendido”, en referencia a los agentes corruptos.
Para Mena ha sido clave que el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar haya “profundizado en la investigación del dinero del narcotráfico. En el blanqueo entra en juego mucha otra gente vinculada a las organizaciones. No se trata sólo de agentes policiales, sino que es algo que afecta a todas las capas de la sociedad”.
Eso sí, el portavoz de la plataforma pide mano dura con los efectivos policiales que se dejen comprar por los narcotraficantes: “Si un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es condenado o sancionado por estos hechos no puede volver a ejercer”.
Mena considera que “los narcotraficantes no son arbitrarios cuando tratan de corromper a los agentes. Saben a quién tocar, conocen su situación económica o familiar. Ahí ya entra en juego la catadura moral de cada uno”, señala.
Coincide, además, con reclamación generalizada de las asociaciones policiales y de guardias civiles de declarar la provincia como Zona de Especial Singularidad. “Todo lo que suponga mejorar la situación económica de los agentes reduce el riesgo y la tentación”, apunta.
Colectivos de agentes
Por su parte, el secretario de Comunicación de la AEGC a nivel nacional, Juan Amado, también subraya que “no creo que se trate de un problema grave de corrupción por la cantidad de agentes que son, por que son una minoría entre más de mil guardias civiles destinados en la zona”.
Igualmente, defiende la declaración de Zona de Especial Singularidad, “no porque vaya a evitar que haya agentes corruptos por ganar doscientos euros más, pero sí porque el trabajo es muy duro, es una zona muy complicada. Hay muchos compañeros que sufren agresiones, que están amenazados de muerte, amenazan a sus familias…”.
El secretario de Organización de AUGC, Luis Bueno, lamenta que “es un porcentaje muy pequeño” el de agentes corruptos, “cuando somos más de dos mil en la provincia”. “El narcotráfico genera mucho dinero y para algunos una cantidad como los 10.000 euros que menciona el informe pueden ser un caramelo”, explica.
Como solución, insiste en la necesidad de declarar a toda la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad, con incentivos que mejoren las condiciones de los guardias civiles y demás efectivos policiales desplazados a la misma.
