Coacciones políticas

Apenas dos meses ha, escribí en esta Tribuna Local mi reflexión titulada "Un otoño caliente". Allí decía que era muy preocupante la pendiente decisión del Tribunal Constitucional acerca del Estatuto catalán.

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Resultaba fácil presumir que, cuando se aproximara ese momento, surgirían presiones de todo tipo, en especial si, como parece, hay una fracción importante de dicho Tribunal que es partidaria de modificar determinadas especificaciones. Pero lo que difícilmente podía pensarse es que un grupo emblemático de prensa catalana (doce diarios encabezados por La Vanguardia, El Periódico y Avui) publicara el editorial "Dignidad de Catalunya". A las amenazas del presidente Montilla, del líder de CiU Artur Mas y otros, se une ahora este pronunciamiento unitario que, por su contenido, resulta inaceptable. Arremete contra una parte significativa del TC; alude a "cirugías de hierro" que pretenden cercenar de raíz la pluralidad de España; asevera que está en juego la dinámica constitucional que hizo posible la transición; pronostica que una sentencia adversa rompería la convivencia; exige que se cumpla lo pactado en el Estatuto (pacta sunt servanda); por fin, advierte sin embozo que el rechazo del alto tribunal llevaría a una confrontación entre la sociedad catalana y el resto del país. Pero el Estatuto de Cataluña tiene muy claros tintes anticonstitucionales, cuando en su prefacio habla de nación catalana, cuando establece con España relaciones de estricta bilateralidad al margen de las restantes autonomías, así como en temas de financiación y lingüísticos, entre otros. Recordaré solamente los dos primeros artículos de la Constitución Española: la soberanía nacional reside en el pueblo español y la nación española es patria común e indivisible. Y si surgen discordancias entre la ley de leyes y otras de rango inferior, se impone aquélla sin más. Lo contrario, haría caminar al país hacia un estado, como mucho, confederal. A mayor abundamiento, el pueblo catalán aprobó la Constitución del 78 con mayor contundencia que ese escaso 35% de apoyo al nuevo Estatuto. Mas no deberíamos olvidar que esta situación conflictiva tiene culpables. Muy en primer término, José L. Rodríguez Zapatero, que -a fin de captar votos en el fértil mercado catalán- no dudó en acordar con la izquierda más radical esta anómala normativa. La ligereza proverbial del Presidente ha propiciado un embrollo de difícil salida sin heridas ni ofensas. Cuando el Estatuto está activo, el retroceso resulta muy difícil. El otro protagonista que no ha estado a la altura de las circunstancias ha sido el propio TC, y principalmente su Presidenta, por su incapacidad para tomar una decisión a su debido tiempo. Una justicia tardía es siempre injusta. Y para finalizar, una pregunta: si la decisión del TC no es del gusto de los políticos catalanes, ¿propiciarán la creación de un Estatuto Catalán como en 1934?