Sevilla. Año 2011. El gobierno de la ciudad llevaba ya ocho años en manos de un pacto de izquierdas. El comunista, Antonio Rodrigo Torrijos, histórico dirigente sindical de las CCOO, con una larga trayectoria en defensa de los trabajadores sobre sus espaldas, ocupaba el cargo de primer teniente de alcalde, pero sus apariciones mediáticas eclipsaban al propio alcalde. Y es que, desde que asomó la cabeza en la política municipal, Torrijos se había convertido en objetivo a batir por toda la derecha local, consciente del valor estratégico que tenía Sevilla para asaltar la Junta de Andalucía.
Pronto comenzó una campaña sin precedentes, que trató de involucrar a Torrijos en escándalos ficticios con la intención de poner en duda su honorabilidad. Las derechas política, institucional, empresarial y mediática no pasaban ni una al hombre, al punto de que, muy a su pesar, Torrijos consiguió el récord de portadas en esos años en el diario conservador por excelencia en la ciudad. Lamentablemente para ellos, Antonio, como perro viejo, no se dejaba intimidar con esto. Y es que un comunista que ya había vivido torturas, detenciones y amenazas en dictadura, no se iba a dejar amilanar así como así. Pero el golpe definitivo llegó finalmente, en una operación que algunos han señalado como lawfare -que es la manera fina de nombrar la instrumentalización de la Justicia en beneficio de determinados intereses-, y que tuvo como protagonista a la magistrada Mercedes Alaya.
Porque la jueza Alaya -relacionada profesionalmente con el candidato opositor y después ministro, Zoido-, firmó una citación a Torrijos a una semana de las elecciones, en un documento que llegó antes al Partido Popular que al propio interesado, y que se filtró a la prensa, también antes de llegar a las manos de Torrijos, que sería imputado de manera incomprensible por la venta de unos terrenos de Mercasevilla, siendo absuelto años después en una sentencia tan contundente que habrían hecho sonrojar a cualquier jurista. No fue el único caso, pues Torrijos sufriría tres procesos judiciales más de los que también salió absuelto, incluido el de Fitonovo, aquel por el que Alaya también imputó a sus sucesor José Manuel García, mientras que el alcalde Zoido no fue jamás molestado, y eso a pesar de que el dueño de la empresa de la trama corrupta afirmó haberse reunido con él facilitándole la adjudicación de una obra de manera directa.
Torrijos fue perseguido durante años, señalado por acusaciones que resultaron ser falsas y siendo absuelto de todas ellas. Y eso está bien, sien duda. Pero ahora ¿Quién responde del daño irreversible? Pues se lo diré yo: Nadie. Porque nadie responderá ante la Justicia por acabar con la vida política de un hombre honrado e íntegro. Ni devolverá los años perdidos en enredos judiciales que afectaron a él y a su familia. Nadie pondrá en duda la labor de una jueza a la que se ha acusado de “intervenir las elecciones”. Como tampoco nadie rectificará las portadas de los periódicos que destrozaron la imagen del que fue responsable de la mayor transformación de Sevilla en su historia reciente, y que se dejó la piel en construir una ciudad más solidaria, justa y moderna. Porque el linchamiento tiene muchas novias, pero la justicia muy pocas admiradoras, aunque eso a las personas decentes no les importe demasiado.