Los informes solicitados al Ayuntamiento no llegan

La Junta de Andalucía avala la tesis de Coave.

Con motivo de las reuniones previas con todos los grupos políticos para recabar su conformidad y apoyo en la regularización de las viviendas situadas en el corredor verde y llevarlo a Pleno, esta coordinadora solicitó una reunión con el Partido Popular.

A dicha reunión y como portavoz de dicho partido asistió la teniente de alcalde Patricia Ybarra. Una vez argumentados los motivos que nos llevaban a solicitar por nuestra parte el apoyo a nuestra propuesta de apoyo a la regularización de las viviendas situadas en la actuación REL-1 Corredor Verde, y llegar a un acuerdo en este sentido, solicitamos de dicha concejal que nos facilitase un informe técnico del equipo redactor TyC y otro jurídico elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento que corraborarsen los motivos del por qué en la
Aprobación Provisional II no se habían incluido estas viviendas como propuestas para su regulación.

La citada concejal accedió a nuestra petición, ya que le hicimos ver que en todas las reuniones que hasta la fecha habíamos mantenido, por parte de Coave se venía argumentando suficientemente nuestra postura y entendíamos que por parte del Ayuntamiento en ningún momento se había expuesto hasta la fecha algún argumento sólido más que el de que la Junta no lo permite.

Tras esta reunión, y una semana más tarde, todos nos felicitamos cuando escuchamos como el Pleno aprobaba por unanimidad, en su reunión de 15 de abril de 2010, el texto propuesto por esta coordinadora y que no nos resistimos a incluirlo en este artículo dada su importancia: previa expresa declaración de urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos: se aprueba, por unanimidad, moción suscrita por todos los grupos municipales para mostrar el respaldo a la Corporación a que las viviendas existentes y consolidadas en el denominado corredor verde puedan ser regularizadas.

En nuestra inquietud de conseguir más argumentos que consolidaran los nuestros propios sobre la facultad que tenía el Ayuntamiento de haber incluido estas viviendas en suelo urbano no consolidado, modificando los límites del corredor verde, en fecha de 13 de mayo nos dirigimos a la oficina de ordenación del territorio de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta, donde tras exponerles nuestros argumentos, solicitábamos que se pronunciasen al respecto.

En escrito de 28 de mayo y a través del registro municipal solicitamos al Ayuntamiento que se nos facilitasen los informes comprometidos por la teniente de alcalde y que hasta la fecha no teníamos conocimiento de si se habían emitido. Con fecha de 18 de julio recibimos contestación de la oficina de ordenación, donde se nos expone que la modificación de la REL-1 no es legalmente posible desde el planeamiento municipal y los ajustes y alteraciones de su ámbito se deben proponer en el PGOU, valorándose en el informe de incidencia territorial. Continúa el escrito citando que el artículo 30 del Potbc, que se deberá tener en cuenta para esta modificación así como las directrices de la ficha de actuación.

Entendemos que esta respuesta facilitada avala nuestros argumentos iniciales y que tozudamente hemos mantenido a lo largo de estos tres últimos años en todas las reuniones mantenidas, con la salvedad de que nosotros mantenemos que el Ayuntamiento tiene potestad para cambiar los límites del corredor verde, antes de que se emita el informe de incidencia territorial y en el informe de la oficina de ordenación del territorio se niega esta potestad y se cambia por ‘propuesta para cambiar los límites citados’.

En fecha 30 de junio reiteramos nuestra petición al Ayuntamiento a través del registro municipal que se nos faciliten los informes prometido, y a día de hoy todavía no sabemos nada de ellos.

Como conclusión, tenemos toda la razón cuando decimos que las viviendas afectadas por el corredor verde podían haberse incluido en la regularización junto con el resto de viviendas y que debía de ser la Junta la que dictaminara si se respetaban las normas y directires que establecen en el articulado del Potbc y si esta regularización es posible. Para información de nuestros vecinos querimos transmitir un mensaje de lucha cívica reflejado en el trabajo realizado hasta ahora y que continuaremos, llegando incluso al Defensor del Pueblo Andaluz para reivindicar lo que consideramos es de justicia.