El pasado mes de mayo, a escasos días para la celebración de las elecciones municipales, el PSOE andaluz anunció que había presentado una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz por la presunta contratación “a dedo”, por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, de una empresa, con sede en Jerez, “sin experiencia en el sector, sin solvencia económica, ni capacidad técnica” para la realización de dos obras de emergencia en las carreteras A390, entre Chiclana y Medina, y A480, entre Sanlúcar y Jerez. Esta semana, la propia Fiscalía ha confirmado la apertura de diligencias para investigar los hechos.
La denuncia se dirige contra la Junta de Andalucía por la supuesta “contratación irregular” de dicha empresa, y, a este respecto, el coordinador de la Presidencia del Grupo Parlamentario, Rafa Márquez, considera que el hecho de que la Fiscalía haya abierto diligencias pone en evidencia que “existen indicios de delito”.
Los socialistas recurrieron a la Justicia después de haber solicitado en el Parlamento andaluz “en innumerables ocasiones explicaciones y aclaraciones ante unos hechos que nos parecen de una enorme gravedad”, y ante lo que “siempre hemos recibido la callada por respuesta”, tanto de la entonces consejera de Fomento, Marifrán Carazo, como de “otros miembros del Gobierno andaluz”.
La empresa fue contratada, según la denuncia, “sin tener oficinas y sin estar en el Registro de Licitaciones de la Junta, ni haber acreditado su solvencia porque carecía de la calificación habilitante para recibir contratos públicos de más de medio millón de euros”. La adjudicación, además, se llevó a cabo a través de una fórmula de contratos de emergencia ya derogada, para realizar dos obras de carreteras en la provincia de Cádiz por más de 4 millones de euros.
Desde el PSOE se ha remarcado que la contratación se hizo a pesar de que la empresa “no era del sector, nunca antes había ganado un concurso público, sin personal, sin solvencia económica, sin capacidad técnica e incumpliendo la propia instrucción de la Dirección General de Contratación”. Además, en su denuncia pedían que que se investigue “por qué se contrató a dedo” a esta empresa y también, “quién” la invitó a pesar de que “nadie la conocía en el sector y que ni siquiera estaba en Registro de Licitadores de la Junta de Andalucía”.
A ese “quién”, de hecho, se apunta directamente: Enrique Catalina, “una persona clave en esos expedientes, ya que era el director general de Infraestructuras y fue premiado con el puesto número dos de la lista de Marifrán Carazo a la Alcaldía de Granada”. Es más, en la actualidad ostenta el cargo de delegado municipal de Urbanismo en el consistorio granadino.
Márquez ha exigido esta semana al presidente andaluz, Juanma Moreno, que “no eluda su responsabilidad” y dé explicaciones, “algo que no ha hecho hasta el día de hoy sobre este asunto tan grave”. En su opinión, “es fundamental que el presidente de la Junta aclare por qué se contrató una empresa que no tenía sede, no tenía maquinaría, ni trabajadores y sin experiencia, y quién decidió que fuera esa empresa la adjudicataria del contrato”.
Lo cierto es que la Consejería de Fomento sí ha ofrecido explicaciones. Lo hizo el pasado mes de junio en comisión parlamentaria la sucesora de Carazo al frente del área, Rocío Díaz, quien defendió la adjudicación de las dos obras de emergencia a la empresa jerezana Construcciones y Obras Civiles Barveal, ya que supuso la mejor oferta, pero alejada de la temeridad, es decir, por debajo del precio de licitación.
En el caso de la A390, Barveal presentó una oferta de 1,18 millones de euros, importe que se situaba en la oferta media, mientras que la cifra que marcaba la temeridad era de 1,14 millones. Mientras que en la correspondiente a la A480, Barveal optó a la licitación con una oferta de 2,89 millones, cuando la oferta media fue de 2,97 millones, y el valor que marcaba la temeridad era de los 2,89 millones , según los datos que ofreció Díaz.
Tanto en el caso de la carretera A390, como en el de la A480, la consejera de Fomento desglosó las ofertas presentadas, que fueron siete y seis respectivamente, y entre las cuales figuraban empresas como Martín Casillas o Eiffage.
La consejera sostuvo haber dado “todos los datos”, por lo que defendió que “se ha dado cumplida respuesta de la información documental”, así como se ofreció al Grupo Socialista para concertar una cita y así consultar la documentación en la sede de la Consejería.
Explicaciones que no convencieron al PSOE andaluz en su momento, quien reclama conocer “qué criterio” es el que se ha seguido en la contratación, si el de la solvencia o el de la experiencia, además de las cuantías económicas”, sin olvidar la “falta de trayectoria de la empresa en el sector, pese a lo cual fue adjudicataria de un contrato cuantioso”.
“Me vuelvo a reiterar que el procedimiento ha sido legal, es lo único que le puedo decir”, se reafirmó entonces la consejera de Fomento, convencida de que “la polémica no nos llevaría a ningún lugar”.
El eco llega a Sevilla y Granada
El PSOE no ha perdido la ocasión para trasladar al terreno de la política el anuncio de la Fiscalía, y lo ha hecho por partida doble. De un lado, apuntando directamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien ha pedido explicaciones sobre las citadas adjudicaciones; y, del otro, al propio Ayuntamiento de Granada, que preside desde junio la exconsejera de Fomento, Marifrán Carazo. En este sentido, el viceportavoz de los socialistas en el Ayuntamiento granadino, Jacobo Calvo, ha pedido a la alcaldesa que aclare “la presunta irregularidad de los contratos”. Pese a que priori pueda entenderse la denuncia desde el punto de vista del oportunismo político, la cuestión va más allá, ya que los contratos investigados se firmaron cuando Carazo era consejera y tenía como director general a Enrique Catalina, que es el actual delegado municipal de Urbanismo de Granada, lo que le confiere un rango diferente a las críticas.
