El 17 de marzo, la Junta de Gobierno Local aprobó la formalización de la demanda de desahucio por precario frente a los ocupantes de la Casa de Cádiz, de titularidad municipal, ubicada en la calle Cerdeña, 227, en Barcelona. En declaraciones a VIVA CÁDIZ, el entonces concejal de Patrimonio, Paco Cano, explicó que, si bien el inmueble fue utilizado para el desarrollo de un proyecto autogestionado por las personas sin techo de la Ciudad Condal, “no hay proyecto alguno en marcha, ni papeles” de cesión y, además, la convivencia se ha deteriorado seriamente, convirtiéndose en un foco de conflictos.
Antes de que el equipo de Gobierno, con José María González, Kichi, al frente, decidiera acudir a la vía judicial, el Ayuntamiento hizo gestiones de mediación con el Consistorio barcelonés y las personas que se alojaron en el inmueble, pero “no cuajaron”. Igualmente, fracasaron otras iniciativas que se barajaron como que el edificio albergar “algo tipo Casa de Andalucía” o una asociación que trabaja con migrantes a través del flamenco.
Todo ello, explicó Cano, dio lugar a la demanda de desahucio para recuperar la Casa de Cádiz y dedicarla, como ya había expresado en 2019 por parte que fuera portavoz, Ana Fernández, de ponerlo a la venta para que los ingresos “permitan llevar a cabo actuaciones en la capital gaditana”. La última tasación, situaba el coste de las instalaciones en torno a los 300.000 euros.
Pendiente aún la resolución judicial de la demanda, el equipo de Gobierno actual tiene otros planes. Según indican fuentes municipales, la intención del alcalde, Bruno García, es que “una vez que se resuelva este trámite”, el edificio “se destine a uso cultural”. Para ello, se entablarían conversaciones con asociaciones de este ámbito. “Se trata de un inmueble situado en una céntrica de Barcelona y que puede ser un foco cultural importante para desarrollar proyectos culturales y promocionar a artistas gaditanos”, añaden.
Polémica en 2019
El activista Lagarder Danciu denunció en 2019 que el alcalde, José María González, ‘Kichi’, quería desalojar el inmueble, destinado a un proyecto autogestionado de personas sin hogar. El Ayuntamiento negó la mayor y, aunque no lo cedió, permitió el desarrollo de la iniciativa. Ahora ha constatado que no continúa y el espacio es foco de conflicto. No en vano, Danciu fue denunciado por abuso sexual a una de las personas alojadas.