La Junta ha vuelto a pedir a la concesionaria de la Ecoreserva de Ojén (Málaga), Andalucía Ecotour, que desaloje el monte y ha dado un plazo de cinco días hábiles a su responsable, Antonio Calvo, para que desocupe la finca y retire maquinaria, mobiliario y enseres de su propiedad tras dar por finalizada la concesión el pasado febrero.
En caso contrario, la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente "podrá ejecutar subsidiariamente estas acciones" y repercutir su coste al que hasta febrero había sido el concesionario de la Ecoreserva, precisa el requerimiento enviado el 16 de noviembre a Calvo y al que ha tenido acceso EFE.
La petición de la Junta de Andalucía se produce apenas una semana después de conocerse la decisión del Juzgado de lo Contencioso número 7 de Málaga desestimando el recurso de la Ecoreserva, que solicitaba medidas cautelares en relación a la resolución de la Consejería que acordaba el fin de la concesión en favor de Ecotour.
La Delegación de Medio Ambiente dio por finalizado el acuerdo por el que le cedía el uso de este monte público el pasado mes de febrero al entender que la instalación no cumplía con la ley de parques zoológicos en vigor.
Antonio Calvo, confiado en que le asiste la razón y muy preocupado por el futuro de la fauna que vive actualmente en la reserva, espera un pronunciamiento favorable de la justicia respecto a una decisión de la Junta que considera "injusta", para así poder seguir cuidando de unos animales que hoy son su familia, explica a EFE.
Una quincena de infracciones
Desde Medio Ambiente alegan que se ha producido un "incumplimiento sistemático" de las normas y en el expediente que pone fin a la concesión se detallan hasta quince infracciones tales como la tenencia de animales sin documentación de origen, muchos de ellos recogidos o huérfanos.
Si bien para la Consejería suponen "un incumplimiento grave de la normativa", para el abogado marbellí que representa en los tribunales a la Ecoreserva, Alejandro Criado, se trata de faltas leves e incluso inexistentes.
"Para revocar una concesión tiene que haber motivos muy graves, ya que hay un principio de presunción para mantener la validez de los contratos y las concesiones", y en este caso "realmente grave no hay nada", subraya el abogado.
En su opinión, lo más grave para la Junta, que es la cuestión de la separación entre animales y humanos, "lo alegan cuando aquello ya está cerrado".
Estas faltas se ajustan estrictamente a la ley pero son "muy forzadas", añade Criado, que se muestra convencido de que un juez, "objetivamente", les acabará dando "la razón".
A pesar de la resolución dictada por la administración, Antonio Calvo ha seguido yendo cada día al monte para atender a los animales, proporcionándoles comida y agua en uno de los años de mayor sequía que se recuerdan, recalca.
Hoy, después de un año luchando por sacar adelante a la fauna, sin ingresos, sin recursos y sin apenas ayuda, pero con una multa de 65.000 euros que le ha impuesto la administración, Calvo está muy angustiado por el futuro. Aún así, sigue creyendo que con diálogo se puede encontrar una solución.
