El administrador judicial del Club, José María Muñoz, ha presidido una junta de accionistas en la que actuaron como secretarios Rafael Paniza y Joaquín Almoguera como asesores jurídicos, bajo la presencia notarial de Manuel Tejuca García.
En la junta, entre otros, se han tratado los siguientes puntos que han salido adelante:
- Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023, formadas por el Balance de Situación, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo.
- Aprobar la gestión del Órgano de Administración del ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.
- Aprobar la propuesta de resultado del ejercicio
Este ejercicio arrojó unas pérdidas de algo más de 3 millones de euros.
Además de las cuentas, integradas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la Memoria, el estado de cambios en el Patrimonio Neto y el de flujos de efectivo, la junta general respaldó la gestión del Órgano de Administración en dicho periodo, así como la propuesta de resultado del ejercicio.
El citado déficit se debe a la utilización de la cantidad del préstamo del fondo CVC para invertirlo en la plantilla deportiva y también al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 48 trabajadores del club y aplicado el pasado verano tras el descenso del equipo desde Segunda División a la Primera RFEF.
La Asociación de Pequeños accionistas (APA) del Málaga, representada en la junta de accionistas, expresó su disconformidad a las cuentas y a la gestión, y formuló cinco cuestiones al administrador judicial del club, José María Muñoz, que no fueron contestadas públicamente y le serán respondidas por escrito.
La junta general fue presidida por el administrador judicial del Málaga, que gestiona desde hace casi cuatro años la mayoría de las acciones por mandato de un juzgado, después de que este apartara de la gestión al jeque catarí Abdullah Al-Thani y a sus hijos por presuntas irregularidades que siguen bajo investigación judicial.