El Boletín Oficial del Estado del pasado 20 de diciembre de 2023 publicaba el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con grandes modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabiendo resaltar en cuanto a los procesos civiles se refiere, la elevación de 6.000 a 15.000 euros de la cuantía de los juicios verbales y la incorporación de los pleitos testigos, figura que si es conocida en la jurisdicción contenciosa-administrativa.
Dicha norma jurídica con rango de ley, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, que constituye la base legislativa del “Plan Justicia 2030”, entrará en vigor a los tres meses de la publicación, es decir, el próximo 20 de marzo de 2024.
Así pues, el gran objetivo del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, es queel marco tecnológico y digital, que tanto ha sido aplicadoy beneficiado a otros sectores, se acomode a la justicia española, intentando garantizar procedimientos más ágiles y hacer frente al incremento de la litigiosidad, el cual cada vez es mayor, consiguiendo una mayor eficacia procesal.
La transformación jurídica digital implica la celebración de vistas y declaraciones mediante los sistemas de videoconferencias, que tanto han sido usados y solicitados durante el COVID-19, facilitando a los juristas el ejercicio de su profesión en cuanto a desplazamientos a sedes judiciales se refiere y evitando las aglomeraciones en las mismas.
Sin embargo, toda renovación de la Justicia implica el desconcierto en la abogacía, que es la profesión más perjudicada si esta norma no es bien aplicada, tal y como ya ha manifestado la presidenta del Consejo General de la Abogacía el pasado 29 de enero, Doña Victoria Ortega, reclamando que hasta que los partidos judiciales no se igualen en lo que a medios disponibles se refiere, no habrá una mayor eficiencia del servicio público de justicia.
Por ello, cuando se produzca la puesta en marcha de esta norma tendría que venir todo perfectamente regulado, ya que de lo contrario sólo se prestarán los mejores servicios en las grandes capitales o ni si quiera se aplicará, produciéndose la suspensión de más vistas y un retraso mayor en la justicia.