Hasta ocho cortes en carreteras de la provincia de Málaga con tractores han dejado este miércoles las protestas de agricultores y ganaderos que han insistido en el mensaje de “la difícil situación económica que atraviesan”. Unas protestas que han afectado a vías comunicacionales esenciales para el resto de ciudadanos como son la A-92 y la A-45.
La Subdelegación del Gobierno cifró la participación en 160 personas a pie y 155 tractores en las carreteras afectadas. La marcha de agricultores cortó la A-92 en el punto kilométrico 149 en Antequera sentido a Córdoba y se habilitó un desvío mientras que en la misma a su paso por Villanueva del Trabuco se produjeron cortes intermitentes y retenciones.
El conflicto dejó ayer consecuencias jurídicas: el fiscal acusó de atentado a un agricultor que participó en las protestas el siete de febrero en Antequera, tras no llegar a un acuerdo de conformidad. El investigado había sido citado ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Antequera para un juicio rápido y al no haberse producido conformidad, el ministerio público lo acusa de delito de atentado.
Ayer, el presidente de ASAJA Málaga, Baldomero Bellido, agradeció las movilizaciones previas impulsadas por la 'Plataforma 6-F', de las que toman el testigo las organizaciones agrarias, por concienciar del "gran problema de los agricultores" y ha señalado que ahora están todos "en la unidad de acción".
El campo ha dicho “basta ya”, no podemos pasar por más obligaciones y limitaciones y menos defensa de los agricultura, la cesta de la compra se dispara por las imposiciones y la política hidráulica que no hace obras para incrementar los recursos", destacó Bellido.
Han organizado una concentración en Málaga capital para el 21 de febrero con el desplazamiento de autobuses con vecinos de los pueblos y alcaldes para rechazar la reglamentación que les "asfixia" y ante la que los agricultores aseguran que no pueden aguantar más.
Ha subrayado que cree que los políticos están "muy lejanos a la realidad" y "legislan de espaldas" al colectivo y que la reforma de la PAC ha sido "la puntilla", ya que, a su juicio fue negociada con las comunidades autónomas y al sector solo se les llamaba para explicar lo acordado.
Por su parte, el secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Málaga, Francisco Moscoso, ha resaltado que "la asfixia viene de 20 años atrás" y ha demandado flexibilidad en cuestiones como el 'cuaderno digital'.
Ha lamentado que los agricultores vendan el producto a bajo precio, los limones los consumidores lo pagan a 2 euros y en el Valle malagueño del Guadalhorce al agricultor se los compran a 10 céntimos, lo que califica de "robo" y culpa a "los intermediarios, los grandes grupos".
"Nosotros asfixiados, otros viviendo y el consumidor pagando", ha destacado, para añadir que "el consumidor debe saber de dónde viene el producto, si no es español que no lo compre, en los grandes supermercados la mayoría son de fuera" y ha reclamado al ciudadano que preferiblemente se adquiera producto nacional.