El articulo 24.2 de la Constitución española garantiza el derecho de defensa y con él, el derecho a un proceso con todas las garantías. Creo que la actuación de la Fiscalía en el caso conocido como el del novio de la Sra. Ayuso ha vulnerado los articulos 197 y 201 de nuestro Código Penal que regulan el delito de revelación de secretos.
Ya conocemos que la aportación de correos o comunicaciones entre abogados infringen el régimen disciplinario, aunque la jurisprudencia en algún caso ha resuelto que pueden ser válidos como prueba en el juicio, sin perjuicio de que puedan imponerse las sanciones oportunas. Ahora el proyecto de ley del derecho a la defensa va a regular expresamente este extremo y la invalidez de esa prueba, lo cual contrasta con la actuación a que nos referimos en este caso, que es todo un cúmulo de despropósitos.
No olvidemos que lo fundamental es que el proceso penal que se sigue contra unos ciudadanos nace viciado cuando es de público conocmiento la existencia de ese documento que debía ser confidencial y que nunca debió ser conocido por nadie más que su emisor y su receptor. Por supuesto que, asimismo, se vulnera el protocolo acordado para la tramitación de las conformidades habituales en nuestro sistema y que preteden hacer más ágil y eficiente el mismo.
Se plantea incluso si los abogados de la defensa, en su caso, pueden obtener la nulidad del juicio si el mismo llega a celebrarse. Las denuncias del Consejo General de la Abogacía y del Colegio de Madrid son absolutamente necesarias en defensa de ese sagrado derecho de defensa.
Y pienso que el comunicado de la Fiscalía pretendiendo justificarlo, aludiendo a responder a otras informaciones en lugar de reconocer su actuación, agrava aún más la actuación y el enorme deterioro institucional que nos invade.
No entiendo tampoco a la Sra. Ayuso haciéndose la víctima en lugar de partir, simplemente, de que es un asunto de su pareja, que es quien ha de aclararlo y defenderse. Pero todo se embarra con un Gobierno que maneja actuaciones como ésta y que insulta nuestra inteligencia cuando dice que la ley de amnistía es constitucional o que se aprueba para la defensa de la convivencia y no simplemente por seguir en el poder a cualquier precio.
He dedicado toda mi vida a esta bendita profesión de abogado y como jurista español contemplar la catastrófica situación a que están llevando a nuestro sistema judicial me parece, además de muy grave, absolutamente triste.