La Comunidad Valenciana, Castilla y Léon y Galicia, las tres comunidades gobernadas por el Partido Popular, han rechazado la nueva propuesta de financiación para el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) presentada este miércoles por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
"Es una falta de respeto absoluta la política de yo invito y tú pagas, porque demuestra que no se respete en ningún caso la arquitectura institucional del Estado", ha sentenciado el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades en funciones de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez.
La ministra Diana Morant ha presentado este miércoles a las comunidades autónomas el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas y ha exigido corresponsabilidad a las administraciones autonómicas para financiar las nuevas plazas de profesores ayudante doctor.
El Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas presentado por el Ministerio implica financiar con 150 millones de euros anuales por curso académico un total de 3.400 plazas de profesores ayudante doctor en las universidades públicas de España a partir del próximo curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato.
El Ministerio, que en un borrador inicial estimó en 4.200 las plazas de profesores necesarias para el desarrollo de la Ley de Universidades, exige la correspondiente participación de cada una de las comunidades autónomas, como administraciones competentes, que deberán sufragar el resto de las plazas de profesorado ayudante doctor que necesitan sus universidades públicas.
Tras la reunión, la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha reclamado que el Ministerio financie la totalidad de las plazas de ayudante de doctor necesarias para cumplir con la LOSU.
"Es necesario que el Ministerio financie al cien por cien, durante el periodo transitorio, las nuevas contrataciones de ayudante a doctor que impone una ley aprobada sin consenso", ha aseverado Lucas, porque "es algo que se quedará en los sistemas universitarios de forma estructural" y que tendrán que sufragar las comunidades autónomas.
En la misma línea, el Gobierno valenciano, a través del conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha pedido a la ministra Diana Morant que su Departamento "financie al cien por cien el periodo transitorio para la incorporación de personal docente e investigador a las universidades públicas".
Por su parte, Aragón, Extremadura y Cantabria, regiones gobernadas también por el Partido Popular, han indicado que estudiarán la nueva propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad para financiar la LOSU.
No obstante, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, ha vuelto a reclamar este miércoles al Gobierno "responsabilidad y compromiso" para financiar adecuadamente los costes que suponen la implementación de la LOSU.
Además, la consejera extremeña María Mercedes Vaquera se ha comprometido a estudiar la última financiación planteada por el Ministerio para afrontar los costes derivados de la nueva ley universitaria en los seis primeros años y que "ha pasado a ser del 70% del coste total del aumento de profesores frente al 30% de la propuesta inicial".
La consejera ha subrayado que la Universidad de Extremadura es una de las prioridades para el Ejecutivo autonómico, por lo que harán "todo cuanto sea positivo para garantizar la calidad educativa de la universidad pública de la región".
El consejero cántabro de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha solicitado por su parte una reunión bilateral con la ministra Morant con el fin de analizar los detalles de la propuesta del Ejecutivo.
Por otro lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha avanzado que el posicionamiento de su Administración es aceptar la oferta del Ministerio para abordar la LOSU.
Desde el Gobierno asturiano han destacado que el Ministerio aportará 7,7 millones de euros en los próximos seis años para cofinanciar la contratación de profesorado ayudante doctor por parte de la Universidad de Oviedo. El Principado de Asturias complementará este plan de estabilización y retención de talento dentro del contrato programa suscrito con la institución académica, vigente desde el pasado año.