En la mañana de este martes se ha procedido al derribo de una vivienda ubicada en la Ribera de la Oliva en Barbate, sobre la cual pesaba una sentencia judicial.
La Junta de Andalucía explica que se trata de “una edificación ilegal que se encuentra en una parcelación urbanística situada en suelo rústico dentro de la zona de influencia de las marismas de Barbate, en el paraje Ribera de la Oliva, a escasos 500 metros adyacentes a la ribera del mar”.
Alrededor de medio centenar de vecinos y vecinas acudieron a la zona para apoyar a la familia afectada. A la zona también acudieron agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional e inspectores de la Junta de Andalucía.
Desde primera hora de la mañana, algunos vecinos trataron de paralizar el derribo, primero tratando de impedir la llegada de la retroexcavadora encargada de proceder al derribo. Para ello quemaron varios colchones en el carril de entrada, incendio que fue sofocado por los bomberos. Luego, a escasos metros de la entrada de la vivienda levantaron una pequeña barricada con neumáticos, sillas y otros enseres, que posteriormente fueron retirados por la propia máquina excavadora.
También indicaron que en la vivienda vivía un ‘ocupa’, el cual fue desalojado y salió, tras derribarse la puerta, de la mano de un agente mientras se comía un bocadillo y recibía los aplausos de los que acudieron a mostrar el apoyo a la propietaria de la vivienda.
Por otro lado, la propietaria junto a familiares y allegados se colocaron tras una pancarta en contra de los derribos en mitad del camino con la intención de cortar el paso, pero tras negociar los agentes de la Guardia Civil con el abogado de la dueña, se retiraron sin que se produjera ningún tipo de altercado.
Y por último, algunos de los presentes trataron de amedrentar al conductor de la grúa, quien se negó a proceder al derribo, con lo que otro operario tuvo que montarse y ejecutarlo.
Gritos contra los políticos, contra el alcalde de Barbate, Miguel Molina, contra la Junta de Andalucía, contra los inspectores, contra la justicia, se alternaron con escenas de llantos y desesperación. De hecho se tuvo que llamar a una ambulancia para que atendiese a la propietaria de la vivienda, la cual estaba visiblemente afectada y alterada.
En este sentido, la propietaria de la vivienda afectada por la orden de derribo, Matilde García, el día anterior lanzó una petición de “ayuda a los vecinos y vecinas de Barbate” para que acudiesen a esa hora bloqueasen las entradas a las máquinas que ejecutarían la demolición.
García ha señalado, entre lágrimas, que lleva “cuatro meses acosada con cartas” aunque “lo único que he hecho ha sido construir mi casa” en la que se ha gastado todos sus “ahorros”.
La propietaria lamenta que “primero hice el muro y nadie lo paró, pero esperaron a que me hiciera la casa y cuando vieron que tenía todos mis ahorros gastados empezaron a llegarme las cartas de derribo”.
Por eso, insiste, pide “apoyo” al pueblo de Barbate ya que “se ha peleado con todo el mundo, con jueces de Cádiz y de Sevilla, con la Junta, con los fiscales” que “están empeñados en tirarme la casa”.
“No he cometido un crimen”, señala, “solo me he construido una vivienda porque solo quiero vivir dignamente” y es que según explica “con el dinero que tenía no tenía posibilidades de comprarme una casa en Barbate, tan solo una mierda con precio disparados y a la que habría que hacerle una reforma por una gran cantidad de dinero”.
También asegura que “me he reunido con el alcalde”, Miguel Molina, “pero nos tiene vendido, nos ha tirado a la boca del lobo… este terreno es de Barbate y tendría que haber actuado la Policía Local multándonos”, pero “no lo hicieron”.
Y en diciembre de 2022 “nos vendieron a la Junta… hemos tenido reuniones con él pero lo único que sabe decir son mentiras”, de hecho “llevo tres años intentando empadronarme y nos lo han denegado”, con lo que “no puedo justificar que vivo aquí, que no tengo otra cada y que trabajo temporalmente”, por lo que “cómo justifico que vivo aquí si el alcalde no me deja empadronarme”.
Cabe recordar que La Junta de Andalucía ha manifestado que el derribo este martes de una vivienda construida ilegalmente en suelo rústico dentro de la zona de influencia de las marismas de Barbate, en el paraje Ribera de la Oliva, responde a "criterios urgentes de seguridad, salubridad y medio ambiental, dada la existencia de fosas sépticas en gran parte de estas edificaciones ilegales" y a la proximidad a las marismas, al estar "a escasos 500 metros" de la ribera del mar.
En un comunicado la administración andaluza ha argumentado a este respecto que "todos los vertidos originados en estas edificaciones ilegales tendrían como destino los dominios públicos hidráulico y marítimo y el espacio protegido".
Se trata de una parcelación con 71 lotes, subdividido en varias parcelas catastrales afectadas, donde en todos los lotes se han abierto expedientes de restablecimiento de la legalidad territorial. La edificación en cuestión fue precintada por el personal inspector de la Junta "cuando estaba en construcción, habiendo sido roto el precinto y continuadas las obras de edificación", ha advertido la Junta sobre esta vivienda que se encuentra ahora "terminada" y "sirve de segunda residencia a sus propietarios, los cuales se encuentran empadronados en otro domicilio de Barbate".
Así, se ha defendido que la demolición cuenta con la pertinente autorización judicial "desde febrero", siendo esta confirmada posteriormente tras no prosperar el recurso presentado por el abogado de la familia. La autoridad judicial, se ha explicado, rechazó paralizar la demolición tras acreditar la Policía Local y los Servicios Sociales del Ayuntamiento que los propietarios de la edificación "residen realmente en otro domicilio".
La actuación se enmarca en el Protocolo de Colaboración firmado en 2021 por la Junta de Andalucía con los Ayuntamientos de Barbate, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera.
La primera actuación de la Inspección en la Ribera de la Oliva se produjo meses después, en diciembre de 2021, en la que se precintaron estos 71 lotes en los que se estaban construyendo edificaciones con un claro destino residencial y vacacional. Entonces, las decenas de propietarios fueron citados a pie de parcela a distintas horas del día, siendo informados de la orden de suspensión y precinto de las obras y de la imposibilidad de continuarlas. Desde entonces, se han realizado diez visitas a la zona, comprobándose en todas las ocasiones que los precintos del personal inspector eran "sucesivamente rotos y las obras continuaban haciendo caso omiso a las advertencias".
De los expedientes sancionadores abiertos se ha puesto en conocimiento a la Fiscalía Provincial de Cádiz y existe "plena coordinación" con el Ministerio Fiscal. La Consejería de Fomento ha insistido en que en que "construir ilegalmente en suelo rústico, además de una infracción territorial y urbanística, puede constituir un delito sobre la ordenación del territorio y urbanismo, castigado en el Código Penal.