En febrero de 2022, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) lanzó una advertencia crítica a la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), de pendiente de la Diputación de Córdoba, alertando sobre la insuficiencia en el abastecimiento de agua desde el embalse de Sierra Boyera. Este aviso presagiaba un escenario sombrío para los 80,000 habitantes de los valles de Los Pedroches y El Guadiato en la sierra norte de Córdoba. Sin embargo, la falta de medidas preventivas y la tardanza en responder a la emergencia desencadenaron una de las crisis de agua más severas de la región, que no solo afectó el suministro sino también cuestionó la capacidad de gestión de las autoridades implicadas.
"No queremos una bolsa llena de promesas", afirmaron los vecinos de la zona en El País, expresando su frustración ante la inacción política y administrativa. A pesar de las advertencias iniciales, fue el 9 de abril de 2023, un año y dos meses después, cuando se certificaba que la sequía había secado completamente el embalse de Sierra Boyera, el primero en España en agotar sus reservas. Este hecho catapultó a la zona a un estado de emergencia sin precedentes.
Ocho días después de esta confirmación, la Junta de Andalucía se vio obligada a prohibir el uso del agua de boca, bombeada de urgencia desde el embalse cercano de La Colada, debido a su alta contaminación. Este cierre temporal del grifo fue un golpe duro para los residentes que dependían completamente de estos recursos hídricos para sus necesidades diarias. La situación se prolongó hasta el 22 de abril, cuando finalmente, tras 370 días, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunciaba que los 23 municipios y 17 aldeas afectadas podían volver a consumir agua del grifo con normalidad, gracias al inesperado "milagro de la lluvia" que había recargado el embalse al 70% de su capacidad.
El retraso en la respuesta efectiva de las administraciones a una crisis anunciada ha sido un tema de constante debate entre los ciudadanos y los analistas. Miguel Aparicio, portavoz de la plataforma ciudadana Unidos por el Agua, formada en agosto del año pasado, criticaba duramente la gestión de la crisis. "En la solución no tienen nada que ver ni las actuaciones de la Diputación para limpiar el agua de La Colada, que ya son inútiles, ni las de la Junta. Esto lo ha resuelto la lluvia, si no seguiríamos igual", afirmaba Aparicio en declaraciones a El País.
Por otro lado, Daría Romero, presidenta del Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas de Los Pedroches, destacaba cómo la polarización política había influido negativamente en la rapidez y eficacia de las respuestas gubernamentales. "El hecho de que los distintos municipios afectados, la Diputación, la Junta y el Gobierno central sean de distinto signo político ha afectado sobre todo en la rapidez de buscar soluciones, porque, evidentemente, que no se haya hecho nada antes es responsabilidad de las instituciones que gobernaban entonces", explicaba Romero.
La falta de planificación y colaboración interadministrativa fue evidente cuando en septiembre de 2022, el Gobierno central, a través de la Confederación del Guadiana, ordenó realizar de urgencia la conexión entre el embalse de La Colada y el de Sierra Boyera. Esta obra, crucial para asegurar el abastecimiento futuro, no concluyó hasta marzo de 2023, casi un año después de su necesidad urgente. Esta tardanza y la falta de mantenimiento adecuado en los sistemas de depuración existentes llevaron a la prohibición del uso del agua durante más tiempo del necesario, exacerbando la crisis.
Santiago Cabello, alcalde de Pozoblanco y presidente de la mancomunidad de Los Pedroches, admitía la necesidad de una mejor planificación y una acción conjunta más efectiva. "Tenemos que aprender la lección, la falta de planificación de todas las administraciones", reconocía Cabello, destacando la urgencia de reivindicar obras fundamentales para el abastecimiento, como la conexión entre Sierra Boyera y el embalse de Puente Nuevo, eliminada del Plan Hidrográfico actual.
Los vecinos, aunque aliviados por la vuelta al suministro normal, siguen mostrando su desconfianza hacia las autoridades. Manuel Calero, un jubilado de Pozoblanco, reflejaba el sentir general: "Nos han mareado con esto del agua. Es vergonzoso lo que hemos tenido que pasar". El temor a que la situación se repita sigue latente, y la comunidad, guiada por líderes como Aparicio y Romero, se mantiene vigilante y exigente, reclamando soluciones permanentes y fiables para evitar que la historia se repita.