La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha reconocido a la gestora de la concesión administrativa del enclave de las Naves y Husillo del Barranco, adjudicada años atrás a una unión temporal de empresas (UTE) respaldada por el periodista Carlos Herrera y el torero Francisco Rivera Ordóñez, para su explotación como espacio de hostelería; "el derecho a ser compensada en la cantidad de 487.562 euros en concepto de pérdida de ingresos y mayores gastos sufridos durante el estado de alarma" decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19.
Para materializar esta compensación, según el acuerdo aprobado, recogido por Europa Press, la duración del contrato será ampliada en tres años y nueve meses "en concepto compensación hasta la cantidad de 418.264,49 euros". Además, las medidas acordadas incluyen "compensar parcialmente el importe del canon de 2020 en la cantidad de 69.298 euros, quedando pendiente de abono del citado canon 169.266 euros".
Igualmente, se acuerda liquidar esos 169.266 euros pendientes de pago del canon de 2020 y los cánones de 2021, 2022 y 2023 "durante diez años a partir de 2028, de forma conjunta, sin intereses ni garantías".
La decisión ha contado con un reparo no suspensivo de la Intervención en demanda de "revisar las cantidades propuestas, tanto por minoración de ingresos como por la realización de gastos extraordinarios, las cuales integran conceptos no indemnizables o bien estos no quedan debidamente justificados en orden a determinar un quantum indemnizatorio", considerando respecto a las liquidaciones de los cánones que "no se aporta su efecto financiero ni justificación de la necesidad de modificación".
"Medidas necesarias"
Empero, la Gerencia de Urbanismo ha resuelto contestar a dicho reparo, manifestando que no comparte su argumentación y defendiendo que "las medidas deben entenderse como necesarias y complementarias de la prórroga y la compensación parcial del canon de 2020, en la medida en la que las referidas medidas de reequilibrio de la concesión, por sí solas, no resuelven las tensiones de tesorería que sufre la misma y que comprometen su viabilidad".
"El importe del canon anual de la concesión, que actualmente asciende a 251.517,60 euros, es de una cuantía muy similar a la de los préstamos que se han tenido que concertar para continuar la actividad, sin contar con el préstamo hipotecario anteriormente existente. Igualmente, se ha de considerar que a la fecha de emisión de este informe se adeudan los cánones de 2014 (actualmente en vía ejecutiva, por importe de 288.305 euros), el ya citado de 2022, por importe de 251.517 euros, así como los cánones no liquidados de los ejercicios 2020 y 2021", figura en el expediente que sostiene al acuerdo.
La concesión administrativa fue concedida en 2012 con un periodo de 25 años de duración y estipulaba un canon anual de 230.000 euros en favor de la Administración local, como titular del espacio.
En 2013, un año después de ser adjudicada esta concesión y antes de que arrancasen las obras de adaptación del recinto como mercado gourmet, el Ayuntamiento autorizó a la UTE adjudicataria a que hipotecase la propia concesión administrativa, para acceder a financiación bancaria para la contratación y ejecución las obras.
Préstamo hipotecario
En concreto, la UTE afrontaba una inversión de 2.169.181 euros en el recinto y se le autorizó una operación hipotecaria por un importe principal de 1,5 millones de euros acompañados de intereses por valor de 500.000 euros y una "ejecución de responsabilidad hipotecaria máxima" por valor de 1.020.000 euros, lo que sumaba algo más de tres millones de euros, frente a una valoración de 3.780.000 euros correspondientes a la concesión administrativa en cuestión como activo hipotecado.
Ya en 2017, el Ayuntamiento autorizó a la UTE a ampliar un máximo de 250.000 euros adicionales la hipoteca suscrita sobre la concesión administrativa, para "cancelar" una póliza de crédito concertada para sufragar "gastos de inversión en las instalaciones de la concesión".
En junio de 2020, el Consistorio autorizó a la UTE Lonja del Barranco a ceder la concesión administrativa a la sociedad limitada nominada de la misma manera y, en 2022, la entidad adjudicataria habría planteado una revisión en la concesión administrativa, tras acogerse al Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia.
Merced a las estipulaciones de dicho decreto estatal, según precisaban a Europa Press fuentes municipales en aquellos momentos, la entidad adjudicataria habría solicitado una revisión de las condiciones de la concesión administrativa, más al detalle una rebaja del canon por la reducción de ingresos durante el periodo de pandemia.