El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cartaya ha presentado una moción que se debatirá en el Pleno de este viernes en la que se exige al equipo de Gobierno tripartito (ICAR-PP-PA), que mantenga la prestación de los servicios que se ofertan a una treintena de menores discapacitados psíquicos y sensoriales de Cartaya a través de la Asociación de Padres y Madres de Niños Disminuidos de Cartaya –ASPANDICAR-, y del Centro Municipal de Diagnóstico y Terapia de la localidad –CEDITER-.
Una petición que se produce tras el anuncio del despido de 17 trabajadores municipales realizado la pasada semana por el alcalde del municipio, el independiente Juan Miguel Polo, entre los que se encuentra la psicóloga que presta servicios en este centro.
Así lo anunció esta mañana el viceportavoz del grupo municipal socialista en el Consistorio, Cándido Burgos, quien además quiso dejar claro el “total apoyo y respaldo al trabajo que desde hace más de 20 años vienen prestando ASPANDICAR y el CEDITER a los menores discapacitados, así como nuestro respaldo a la integración de este colectivo”.
Burgos también dejó claro que “no podemos permitir que el equipo de Gobierno diga que los menores del CEDITER y sus familias se busquen servicios de psicólogos privados, ya que para nosotros es absolutamente prioritario este servicio municipal”. “De llevarse finalmente a cabo el despido de la psicóloga del CEDITER –prosiguió Burgos- estaríamos ante la eliminación de un servicio público mediante un plumazo ideológico, ya que la mayoría de los padres de estos niños no tienen recursos para costearse psicólogos privados que atiendan a sus hijos”.
La Asociación de Padres de Niños Discapacitados de Cartaya se creó en 1991, siendo una entidad sin ánimo de lucro formada por padres y madres de niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, así como por otros ciudadanos que colaboran de forma altruista en la consecución de sus objetivos: promover, desarrollar y potenciar actividades, programas y servicios destinados a lograr la plena integración familiar, escolar y social del colectivo, con el fin de mejorar su calidad de vida.
Según explica la moción del PSOE, desde ASPANDICAR se ofrece una serie de servicios dirigidos a menores de entre 0 y 6 años, así como a jóvenes y adolescentes, a sus familias y al entorno, que tienen por objeto dar respuesta rápida a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los menores con trastornos en su desarrollo, o con riesgo de padecerlos. En la actualidad ASPANDICAR y el CEDITER ofrecen temprana y desarrollo psicomotor, desarrollo cognitivo y psicoestimulación, tratamiento de alteraciones del lenguaje y defectos en el procesamiento auditivo-verbal, desarrollo perceptivo, problemas de atención y concentración, trastornos del aprendizaje, programas de habilidades sociales y desarrollo de la personalidad, y programas de modificación conductual. También atiende a personas adultas discapacitadas, y su trabajo no sólo se circunscribe al ámbito territorial de Cartaya, sino también al de otras poblaciones próximas que carecen de este tipo de servicios.
Es por ello por lo que Burgos añadió que “los motivos económicos no pueden ser una excusa para dejar desasistidos a más de 30 usuarios discapacitados” para concluir considerando todo este asunto una “falta total de sensibilidad y ética hacia un colectivo tan próximo a la exclusión como el de los discapacitados”.
OTRAS MOCIONES SOCIALISTAS
El viceportavoz socialista cartayero también desgranó el contenido de otras mociones que llevarán al Pleno de este viernes como una “contra el desmantelamiento de los servicios públicos en Cartaya que va a suponer los 17 despidos anunciados por el Consistorio”, otra en apoyo de la puesta en marcha de una Plan de Dinamización del Comercio Local de cara a las próximas fechas navideñas, otra en la que se exige que el Consistorio haga las gestiones necesarias para que se renueve a finales de este año la catalogación de Cartaya como Municipio de Gran Afluencia Turística, y finalmente otra contra los desahucios en la que se pide al Ayuntamiento que dentro de sus posibilidades adopte medidas en este sentido como por ejemplo la puesta en marcha de una oficina de asesoramiento a personas y familias amenazadas en este sentido.