El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha destacado la inversión realizada por la Junta de Andalucía, que asciende a 621.000 euros, en infraestructuras e instalaciones para la celebración del juicio del caso Malaya, cuya sentencia se conocerá este próximo viernes; y ha incidido en que esto "ha modernizado de manera definitiva la Administración de Justicia en Málaga".
Ha subrayado que el juicio de esta macrocausa contra la presunta trama de corrupción en Marbella, que comenzó el 27 de septiembre de 2010 y quedó visto para sentencia el 30 de julio de 2012, tras casi 200 sesiones, se ha celebrado "con normalidad, sin suspensiones", por lo que ha dicho que "debemos de congratularnos al ver que tenemos un sistema que funciona muy bien".
El dispositivo especial consistió, entre otras cuestiones, en instalaciones audiovisuales y de nuevas tecnologías de la comunicación en la sala de vistas, una sala de control, habilitación de una sala de prensa, una red de copias, red inalámbrica, sala de testigos protegidos, un sistema de videograbación, y digitalización y archivos.
De Llera ha indicado que estas nuevas tecnologías puestas en marcha para este proceso de forma coyuntural "se van a mantener", por lo que, ha dicho, "podemos decir que tenemos en Málaga quizás la sala de vistas para la celebración de este tipo de procesos más potente no sólo en Andalucía sino en España". Además, ha añadido que esto se irá extendiendo al resto de Andalucía "en la medida en que podamos".
Tanto el consejero como el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, han asegurado que a parte de las inversiones tecnológicas y en infraestructuras ha habido refuerzo de funcionarios y técnicos informáticos para el juicio y la mayor parte de la redacción de la sentencia. Además, ha señalado que la sala de vista se volverá a utilizar "si vuelve a ser necesario".
Cuestionado sobre si la Junta de Andalucía, personada en esta causa como acusación, solicitará medidas cautelares para algunos de los acusados en caso de que haya condenas elevadas y mientras se tramitan posibles recursos, De Llera ha dicho que "no procede" pedir medidas de este tipo y ha mantenido que "la prisión preventiva no podemos convertirla en un anticipo de la pena" y que si una persona "no está condenada en firme, no está condenada".
"Decir se mantiene en prisión a unas personas porque ya un tribunal las ha considerado culpables, cuando tiene que pronunciarse otro tribunal, eso sería contrario a la presunción de inocencia, y quien pida eso, lo que está pidiendo es calmar las ansias de venganzas colectiva frente a un acusado, que no condenado", ha manifestado el consejero.