Cádiz cuenta con la menor tasa de discapacidad de Andalucía

La provincia de Cádiz cuenta con la tasa más baja de personas con discapacidad de toda Andalucía, fijada en 72,3 por cada mil habitantes, según un avance de los resultados de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 realizada en los hogares por el Instituto de Estadística de Andalucía.

Según este informe, las provincias con mayor número de personas con discapacidad son Granada con 116,3 por cada mil habitantes y Almería con 107, 7.

Según los datos reflejados en la encuesta, en Andalucía el numero de personas de seis y más años que padece alguna discapacidad en de 716.000 (un 61,6 por ciento son mujeres), lo que representa el 9,8 por ciento de la población. Del total de personas con discapacidad, 390.900 tienen de 65 años en adelante, representando el 54,5 por ciento de la población que posee alguna discapacidad.

Así, del total de personas con discapacidad, un 77,1 por ciento (552.000) afirma tener dificultades para las actividades básicas de la vida diaria. De ellas, casi una de casa cinco (el 19 por ciento) son mujeres de más de 80 años. El uso de ayudas, técnicas o personales, reduce el porcentaje de personas con estas dificultades al 61,1 por ciento.

Problemas de movilidad
Los problemas relacionados con la movilidad son los que más afectan a la población con discapacidad. En ese sentido, el 69,5 por ciento tiene alguna limitación de ese tipo. Desglosado por sexo, el 73,9 por ciento de las mujeres con discapacidad tiene problemas relacionados con la movilidad frente al 62,6 por ciento de hombres.
Además, el 67,6 por ciento de las personas con seis o más años de edad que tienen alguna discapacidad reciben algún tipo de ayuda, bien sea técnica o personal. Las ayudas personales las prestan fundamentalmente las mujeres, que de acuerdo con los datos de la encuesta representan casi el 80 por ciento de los cuidadores. Por edades, el grupo que asume la mayor parte de estas tareas es de 45 a 64 años.
En Andalucía existen 618.000 hogares con alguna persona con discapacidad, lo que supone el 22,3 por ciento de los mismos. Del total de hogares con personas con discapacidad en casi uno de cada cinco (el 17 por ciento) vive una persona sola.

Estrategia de empleo
Por otra parte, los ministerios de Educación, Política Social y Deporte y Trabajo e Inmigración han desarrollado una Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad, que se implantará entre los años 2008 y 2012.

El principal objetivo es promover el acceso al mercado de trabajo, mejorando su empleabilidad e integración laboral, de un colectivo que representa el 8,6 por ciento de la población entre 16 a 64 años, y sólo el 4,1 por ciento del total de ocupados. La Estrategia responde a “la necesidad social de aspirar al pleno empleo de todas las personas con discapacidad que quieran trabajar y a la necesidad de actualizar los contenidos de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi).

Además,  El Gobierno central pretende dar cumplimiento a un mandato legal contenido en la Ley para la mejora del crecimiento y del empleo, aprobada en diciembre de 2006, que establecía que, previa consulta con los interlocutores sociales y las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, el Gobierno debía aprobar un documento que contuviera un repertorio con iniciativas y medidas dirigidas a promover más empleos y de mejor calidad para el colectivo de discapacitados.

La Estrategia ha sido negociada y consensuada con los interlocutores sociales, el Comité Español de Representantes de Minusválidos, Cermi y las comunidades autónomas y existe un alto grado de coincidencia en los objetivos a alcanzar y en las líneas de actuación a desarrollar en los próximos años.

Además, se van a destinar  3.700 millones de euros  entre 2008 y 2012. De los 740 millones de euros que se asignarán cada año a la Estrategia Global de Acción pata el Empleo de Personas con Discapacidad, 440 corresponderán a bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas que contraten a personas con discapacidad y los 300 restantes  se destinarán a fomentar el empleo protegido, en particular, en los centros especiales de empleo.