Las familias andaluzas afectadas por los atrasos en los pagos en retroactividad en la Ley de Dependencia lamentan "el nuevo silencio administrativo" de la Junta de Andalucía ante el impago de la cuantía correspondiente a marzo de 2014, que "de seguir así se juntará con la de marzo de 2015", lamenta la portavoz del grupo formado por unas 1.598 familias agrupadas a través de Facebook bajo el nombre de 'Atrasos de la Ley de Dependencia en Andalucía', Rosa María Guijo Curado.
"Estábamos esperanzados porque decían que se querían poner al día en los pagos, pero nada de nada, vuelve a haber silencio administrativo, y según nos ha dicho el director de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Manuel Martínez Domene, no hay dinero para pagar y no se sabe de dónde sacarlo", afirma Guijo Curado.
Además, la portavoz asegura que "están igual que al principio", porque "al menos estas últimas veces tanto Domene --con quien se reunieron por última vez el pasado noviembre-- como la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez, respondían a los correos electrónicos, pero ahora no responde nadie".
Del mismo modo, la portavoz de los afectados apunta que todavía "no se ha pagado" la dependencia en concepto de herencia a los familiares de los dependientes fallecidos, "tal y como se comprometió la Junta el pasado mes de noviembre", un asunto por el que los afectados han presentado una queja en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.
"Estamos igual que al principio, en el mismo silencio administrativo que había en 2012, sin ni siquiera darnos información o decirnos qué gestiones se están haciendo", afirma, al tiempo que explica que la última noticia que tenían era que "se estaba trabajando y que se estaban haciendo intensas gestiones para el pago", pero "seguimos en las mismas, cobrando todos los años un año más tarde".
Por último, Guijo Curado explica que el grupo de afectados "se está planteando denunciar todos su deuda", ya que "hemos visto que están pagando la deuda al completo a aquellas persona que han iniciado acciones contra la Administración". "Es la única opción que nos están dejando", concluye.