El conflicto entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la empresa José Manuel Pascual y Pascual S.A. se ha recrudecido en las últimas semanas y, pese a que en los últimos días se están manteniendo de nuevo conversaciones para intentar llegar a un acuerdo sobre el concierto de los centros hospitalarios que el empresario tiene en la provincia de Cádiz, el Gobierno andaluz viene trabajando desde hace tiempo en un plan B.
El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, confirmaba esta semana que la Junta de Andalucía ha realizado una solicitud al Ayuntamiento de Sanlúcar de terreno para construir un hospital público en la localidad. El terreno, de entre 40.000 a 50.000 metros, está siendo identificado por el Consistorio al objeto de ofrecérselo al SAS en el caso de que finalmente no se alcanzara un acuerdo.
Las mismas peticiones se han realizado a los ayuntamientos de El Puerto de Santa María y Villamartín, donde se ubican los tres únicos hospitales con servicio de urgencias propiedad de la empresa José Manuel Pascual y Pascual S.A.
Lo que la Junta pretende con este plan B es no depender del empresario José Manuel Pascual para poder prestar la asistencia sanitaria pública en la provincia de Cádiz. En el plazo de tres años, la Junta de Andalucía baraja que podría tener abierto un nuevo hospital en Sanlúcar (y otros dos más en El Puerto de Santa María y Villamartín), con el que prestar este servicio, abaratando los costes al tratarse de una gestión directa, y solventando también la situación de los trabajadores, que serían absorbidos por el SAS como personal laboral. Durante este tiempo, los centros sanitarios ya existentes, propiedad de Pascual, deberían permanecer abiertos, si bien cabe la posibilidad también de, en lugar de construir nuevos centros, recurrir a la expropiación de los hospitales ya existentes e incorporarlos a la red de hospitales públicos andaluces.
Así lo han confirmado a este periódico fuentes del Gobierno andaluz quien, no obstante, confiaban en que pudiera llegarse a un acuerdo en estos días que evitara tener que recurrir a estas acciones.
Respeto a la legalidad
En esta línea se posicionó la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la visita que esta semana ha realizado a Cádiz y en la que fue preguntada por los periodistas sobre el conflicto que mantienen el SAS y la empresa José Manuel Pascual y Pascual S.A. “siempre apostamos por el diálogo, protegiendo lo que para nosotros es fundamental, que es el derecho a la atención de la salud de los ciudadanos”. Con todo, la presidenta andaluza recordaba al empresario que respeta “aquellos acuerdos que sean buenos para mantener la cobertura sanitaria que da la Junta de Andalucía pero siempre respetando la legalidad” algo que Díaz pide “a todas las empresas”.
Susana Díaz incidió además en que “siempre primando lo público, pero también respetando aquellos acuerdos que sean buenos para mantener la cobertura sanitaria que da la Junta de Andalucía, pero siempre respetando la legalidad”.
Mientras tanto continúa adelante el expediente sancionador que la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta, ha incoado a la empresa José Manuel Pascual y Pascual S.A. por supuestas prácticas restrictivas de la competencia.
En concreto, el expediente se ha incoado al detectar presuntas conductas anticompetitivas consistentes en supuestas actuaciones orientadas a la explotación abusiva de la posición de dominio que la entidad José Manuel Pascual Pascual, S.A. ostentaría como titular de los tres únicos hospitales con servicio de urgencias en la provincia de Cádiz (Sanlúcar, El Puerto y Villamartín), además de “precios abusivos por los servicios facturados fuera de concierto”, circunstancias denunciadas por el SAS.
Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, se pronunció diciendo que “la empresa debe entender que la Junta quiere seguir con los conciertos y no tienen ningún interés en que no haya una solución” y añadió que “cuando se ha sacado a concurso, la empresa debió haberse presentado”. Para el vicepresidente del Ejecutivo regional, “hacen falta pocas palabras y mucha acción”, de manera que espera que “la empresa tiene que llegar a una solución con la Junta de Andalucía” algo que “desea” la administración autonómica.