El concepto de la juventud o “los jóvenes” ha cambiado radicalmente desde que solo era una etapa de transición entre la infancia y la vida adulta. Mientras que hace décadas el paso de la juventud a la “vida adulta” era relativamente corto y a muy temprana edad los jóvenes se independizaban económicamente de sus padres, ahora la ampliación de la educación obligatoria y la popularización de los estudios universitarios alarga este periodo, a lo que coyunturalmente en las últimas décadas se une los efectos de la precariedad laboral y del encarecimiento de la vivienda.
La juventud deja de ser una forma de definir una franja de edad para señalar a una clase social en una situación social concreta, un estado de dependencia económica de su familia. Sobre esta nueva juventud se ponen en marcha mecanismos de exclusión social, empezando por la invisibilidad, continuando con una negación de recursos y servicios y terminando con la exclusión del espacio público. En la etapa de la juventud nuestros jóvenes principalmente se dedican a la formación, mucho tiene que ver el desprecio por la educación, considerado un gasto en vez de una inversión, con el menosprecio a los jóvenes que se consideran no productivos, mientras que un adulto en paro es una víctima de la crisis un joven en paro es un NiNi, responsabilizándolos a ellos de la sociedad con falta de oportunidades que hemos creado.
El reparto de los recursos públicos es también escandaloso, las actividades para jóvenes tiene un apoyo en recursos públicos reducido si lo comparamos con otros colectivos con dificultades o imposiblidad de ser autonómos económicamentes como la infancia o los mayores. Este proceso de exclusión tuvo su máximo exponente con la conocida como ley antibotellón, criminalizando la presencia de jóvenes en las calles por la noche, recluyéndolos al mercado (bares, pubs, discotecas, etc.) y negándoles el uso del espacio público.
Ante la imposiblidad de poder eliminar, por decreto ley, la existencia de jóvenes en las calles, se crearon los botellódromos, espacios donde sí se puede estar, normalmente cualquier gran aparcamiento o superficie amplia de hormigón alejada las zonas habitables de la ciudad. Ante esta situación el Ayuntamiento de Jerez da un giro de tuerca más, y pretende directamente cerrar el botellódromo, esto quiere decir que los migrantes sin papeles, y los jóvenes que no estén en casa de sus padres o en un bar, serán ilegales.
Por lo visto unos guardias, unos aseos portátiles, la luz y el servicio de limpieza es demasiado gasto. Por lo visto los jóvenes no tienen derecho a la protección policial, ni a que las zonas de la ciudad que usan esté iluminadas o limpias. Tal vez estos modernos campos de concentración sean una pérdida de recursos públicos destinados a los jóvenes que al fin y al cabo ¿Qué son? ¿El futuro?