Los alcaldes, alcaldesas y representantes municipales de las 40 poblaciones de la provincia de Cádiz, que convergen en el Consejo de Alcaldías, han sido los destinatarios de dos instrumentos que aplicará Diputación en el año 2017: la tercera edición del Plan de Cooperación Local y el nuevo Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza Energética. La presidenta de Diputación, Irene García, ha explicado las directrices de estas intervenciones públicas que la institución provincial emprende en coordinación con los Ayuntamientos de municipios con menos de 20.000 habitantes y las Entidades Locales Autónomas.
El Plan de Cooperación dispondrá de un presupuesto de 4´2 millones de euros. Es la misma cuantía que sus dos ediciones precedentes. Este dato, unido a los recursos aplicados por el Plan Invierte aún en vigor (cifrado en 8 millones de euros), le permite deducir a Irene García la siguiente conclusión: el actual gobierno de Diputación, en año y medio de gestión, ha aglutinado más de 20 millones de euros en programas de nueva constitución diseñados para la creación de empleo, el fomento de la actividad económica para empresas locales y la mejora de infraestructuras y servicios públicos de los municipios.
En la primera edición del Plan de Cooperación Local se contrataron 1.041 personas y 1.168 en la segunda fase. La nueva edición de este año tendrá por tanto un similar comportamiento, beneficioso para al menos un millar de destinatarios. Estos programas inciden en personas en desempleo y en situación de vulnerabilidad económica. Irene García ha recordado que la distribución de los 4´2 millones de euros del presupuesto se precisa en función de la población –que determina el 25 por ciento del reparto- y del índice de desempleo (factor que concreta el 75 por ciento de la aportación). Diputación anticipará a los Ayuntamientos todo el importe que le corresponde, sin que las haciendas locales tengan por tanto que asumir un esfuerzo financiero adicional.
La presidenta de Diputación también confirmó en el Consejo de Alcaldías la entrada en vigor del Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza Energética. Se trata del primer instrumento de estas características que diseña la institución provincial. Se sustenta en tres bases: la adopción de acuerdos con empresas comercializadoras de suministros básicos (electricidad, agua, gas) con el objetivo de paralizar los procedimientos de suspensión del servicio y de restablecimiento del mismo en cuanto se acredite que el particular afectado es beneficiario del nuevo plan provincial; el desarrollo de talleres de formación, impartidos por profesionales de la Agencia Provincial de Energía de Diputación, sobre eficiencia energética y consumo sostenible; así como la dotación de un fondo económico para asumir deudas que eviten el corte del suministro. El presupuesto inicial del nuevo plan asciende a 300.000 euros.
“Pretendemos evitar cortes en el suministro a personas sin recursos y que estén bajo la tutela del personal de los servicios sociales comunitarios de cada municipio”, ha indicado Irene García. La medida –al igual que los Planes de Cooperación Local- repercute en las familias con mayores dificultades económicas.