En enero del año 2015 el Congreso de los Diputados de España aprobó la reforma del Código Penal para introducir en nuestro sistema legal la “prisión permanente revisable”. Mariano Rajoy, con el apoyo popular de la mayoría absoluta de la cámara baja, dio cumplimiento a una de las principales reivindicaciones de la sociedad española, que clamaba a favor de una reforma del sistema de penas. Habían sido varios los escándalos de asesinos múltiples, terroristas, crímenes sexuales, parricidios y llovía sobre mojado como para tener que, además, soportar la mirada altiva de Txapote, la extinción de la doctrina Parot o la mofa a todo los españoles del “Cuco” tras la violación y asesinato de Marta del Castillo. Los asesinos festejaban su victoria en la misma cara de las víctimas.
Tras aquella aprobación no faltaron titulares en contra. La oposición en bloque criticó que el ejecutivo de Rajoy diera cumplimiento a lo que se le había demandado ampliamente por la sociedad española. Calificativos de “cadena perpetua” o ironías de la extrema izquierda sobre la “pena de muerte revisable” fueron algunos de los calificativos con los que PSOE, IU, PNV, ERC o UPyD entre otros, dirigieron a una reforma popular que siguió adelante en su tramitación y entró en vigor en el segundo trimestre de 2015.
El principal fruto de aquella decisión es el texto de artículo 140 del Código Penal que tras la reforma del año 2015 permite sancionar con la prisión permanente revisable en varios supuestos: cuando las víctimas son menores de dieciséis años o una persona especialmente vulnerable por su edad, enfermedad o discapacidad, cuando el delito proviene de uno previo contra la libertad sexual, cuando el delincuente haya cometido el delito perteneciendo a un grupo u organización criminal o si el reo es condenado por el asesinato de dos o más personas.
Esta reforma, sin duda, daba respuesta al clamor de la sociedad española para evitar el escarnio público de los asesinos de ETA que salían de la cárcel sin mostrar ni el más mínimo gesto de arrepentimiento, el estupor casi unánime por los crímenes de Sandra Palo, Mari Luz Cortés o Marta del Castillo o el rechazo de toda España al asesino de la radial que, tras la reforma, asesinó a sus hijas de 4 y 9 años después de drogarlas. La prisión permanente revisable era y debiera ser una respuesta excepcional de nuestro código penal a situaciones excepcionales, ante crímenes execrables.
Pero recientemente la cosa ha cambiado. La obsesión por borrar del mapa todo lo que haya hecho el Partido Popular y Mariano Rajoy ha llevado a los grupos de la actual oposición en el Congreso de los Diputados a aprobar una proposición no de ley para derogar y eliminar la prisión permanente revisable. PSOE, PODEMOS, PNV y CIUDADANOS se han puesto de acuerdo para eliminar la prisión permanente revisable del sistema penal español. Los tres primeros votando a favor de una proposición derogatoria de los nacionalistas vascos y Ciudadanos con una abstención cómplice y un ataque frontal y desleal al ejecutivo de Mariano Rajoy y a los deseos del pueblo español.
El PSOE justificó su voto en que la reforma de la prisión permanente revisable era “innecesaria, inoportuna y mal concebida”. Unidos Podemos dice que habíamos vuelto a la España del 1928 que ellos parecen adorar tanto y los chicos del marketing de Ciudadanos hablaron de “demagogia y populismo punitivo”. Si no fuese por lo reciente de su votación en el Congreso, faltaría tiempo para que Rivera hubiese exigido a Rajoy la implantación de la prisión permanente revisable tras el torrente mediático del caso de Diana Quer, cosas de la oportunidad. Y si Mariano Rajoy no hubiese acometido la reforma del Código Penal en el año 2015 para introducir la prisión permanente revisable, en estos días, las críticas hubiesen llovido contra el ejecutivo popular y hubiesen corrido ríos de tinta. Es lo que distingue la prudencia oportuna del oportunismo imprudente.
Estaría bien que ahora, los máximos responsables del PSOE, PODEMOS y CIUDADANOS concedieran alguna entrevista para explicarle a los españoles por qué han votado, por acción u omisión, para eliminar la prisión permanente revisable del sistema penal español. Estaría bien que, ahora, diesen la cara a toda España y ante las familias de las víctimas.
* Antonio Saldaña es secretario general del PP de Cádiz y parlamentario andaluz