La Sección Novena de la Audiencia de Málaga prevé iniciar este lunes el juicio por el denominado caso 'Hidalgo', en el que once personas serán juzgadas acusadas por los delitos de blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública en torno a un despacho de abogados ubicado en la localidad malagueña de Marbella.
Inicialmente, se han fijado 56 sesiones distribuidas a lo largo de nueve meses y la Sala prevé que la vista oral termine en enero del próximo año 2019. La Fiscalía acusó a 14 personas, aunque la previsión es que sean juzgadas once procesados, ya que uno de ellos está declarado en rebeldía y otros dos se encuentran enfermos.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella fue el que se encargó de investigar el caso, cuyas primeras detenciones se produjeron en abril de 2007. Los dos principales investigados, el responsable del despacho de abogados, Rafael Cruz-Conde, y un empresario de origen iraquí, fallecieron.
La Fiscalía Anticorrupción achaca a los acusados delitos contra la Hacienda Pública de distintos ejercicios, en algún caso desde 2001; y blanqueo, según su escrito provisional. Así, entre los procesados se encuentran letrados del bufete, asesores fiscales y clientes, tanto personas físicas como sociedades, algunas relacionadas con la promoción inmobiliaria y otras con intereses diversos, como la comercialización de productos petrolíferos.
En su acusación inicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público considera que el mencionado despacho de abogados supuestamente proporcionaba al cliente que lo demandara "las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos", buscando en algunos casos el fin de "eludir el pago de tributos".
Entre las fórmulas usadas, se constituía una mercantil española --sociedad limitada-- que aparecía participada por una entidad radicada en un paraíso fiscal --Gibraltar, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, etcétera--. Otras veces se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, cuyo titular era otra entidad de un paraíso fiscal --Antillas Holandesas--, según el fiscal.
La investigación realizada puso de manifiesto, según la Fiscalía, la existencia presuntamente de "un determinado número de clientes que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos diseñado por el citado despacho de abogados para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pública española, omitiendo el pago de los tributos que les eran exigibles".
"La finalidad perseguida por los clientes era conocida por los miembros del despacho, lo cual no impidió que se prestaran a colaborar con ellos tanto en la constitución de esas sociedades, usadas a modo de tapadera, para ocultar la procedencia delictiva del dinero invertido en España, de modo que formalmente no pudieran vincularse éstos con su verdadero dueño, como en la propia gestión de los fondos ilícitamente invertidos", según el fiscal.
Más aún, la acusación pública alude inicialmente a que, en otros supuestos, presuntamente "los fondos a ocultar derivaban de actividades delictivas, hecho conocido por los acusados referidos, entre otras cosas porque, para ciertos clientes, eran ellos quienes habían diseñado la estrategia defraudatoria frente a la Hacienda española".
En todo caso, el fiscal apunta que los acusados representantes del bufete, "representándose la posibilidad de que los fondos a invertir fueran el producto de las actividades delictivas de algunos de sus clientes, presuntamente aceptaron, no obstante, proporcionarles los mecanismos de ocultación a tal efecto, asumiendo su colaboración en el encubrimiento del origen de los fondos y de la identidad de sus verdaderos titulares".
Otra de las fórmulas con una supuesta "intencionalidad defraudatoria" era la figura de préstamos de accionistas, que "en realidad no responden a dicha forma de aportación", dice la Fiscalía. Así, a través de una sociedad se recibirían sumas de dinero que "con el fin de gozar de una tributación más favorable", se configuraban como si se tratara de dichos préstamos.
Así, la acusación pública indica que en las declaraciones-liquidaciones presentadas por dicha entidad investigada, relativas al Impuesto sobre Sociedades, supuestamente se empleó como operatoria "disfrazar lo que son simples aportaciones de capital por parte de los socios bajo la forma de supuestos préstamos participativos", según la Fiscalía.
"Mediante este ardid se van a generar, de forma artificiosa, una serie de gastos fiscales deducibles, derivados del supuesto pago de intereses a las diversas entidades prestatarias, detentadoras del capital social, por razón de los préstamos concedidos a la sociedad", según sostiene el ministerio fiscal en sus conclusiones provisionales.