La pasada semana el gobierno marroquí abrió la puerta a la repatriación de los menores que están ahora mismo bajo la tutela de la Junta de Andalucía, para que regresen con sus familias. Son los menores extranjeros no acompañados (MENA) que han cruzado a la península a bordo de una patera, o cualquier otro medio a su alcance. Se calcula que pueden ser unos 3.800, el 80% de los que mantiene acogidos la Junta en este momento. Sin embargo, colectivos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), la Asociación Voluntarios por otro Mundo, o la plataforma Somos Migrantes, dudan de la efectividad de la medida.
Según Diego Boza, delegado provincial de Apdha, “es cierto que la ley de Extranjería lo contempla como una posibilidad, pero siempre que el interés superior del menor esté por encima de la decisión. En este sentido, antes de que se proceda a la repatriación de los menores albergados actualmente en centros de acogida, la Junta debería analizar cada uno de los casos antes de autorizar que sean reenviados con sus respectivas familias, ya que se parte de la idea falsa de que proceden de familias de clase media, cuando en realidad son de familias muy pobres y si han decidido cruzar el Estrecho hasta España es porque allí su situación no mejora. Así que solo se debería admitir la repatriación cuando se garantice la situación del menor a su regreso”.
Aún así, Michel Bustillo, de Voluntarios por otro Mundo, que participó esta semana junto con Boza en el espacio A compás de Ondaluz TV para abordar esta cuestión, insistió en que “allí no los va a recibir nadie, no los esperan”; pero no solo eso, “si los repatrían, se vuelven al día siguiente. No lo soportarían, y así nos lo trasladan ellos mismos, ya que su meta es ésta. Les ilusiona Europa”.
Desde la plataforma Somos Migrantes, por su parte, inciden en el papel que debe desempeñar la Junta de Andalucía en toda esta cuestión, y se muestran bastante críticos con la labor realizada hasta ahora, ya que “lejos de asumir los compromisos, encontramos propuestas tan alarmantes como su solicitud para que se facilite el proceso de devolución de estos menores, atentando contra sus derechos y poniendo en claro riesgo su situación. Que una administración, con su gran estructura y capacidad de acción no encuentre otra forma de actuar llama sorprendentemente la atención. Si a esto sumamos que muchas de las medidas buscan eludir y derivar la responsabilidad hacia otros lugares, parece que, más que ante un sistema de protección nos encontramos ante un sistema de expulsión que invita forzosamente a la salida del territorio”.
Para la Apdha, la solución no pasa por esa repatriación, sino por aportar soluciones estructurales desde la propia administración andaluza, o con la colaboración de otras comunidades autónomas, ya que, ante el repunte que se está viviendo desde 2016 en la llegada de menores inmigrantes no acompañados, los centros de acogida son incapaces de atenderlos a todos en las debidas condiciones, y eso está provocando que “los menores se están yendo, abandonan los centros y no están controlados”.
Diego Boza resalta asimismo que en el origen de todo está el “efecto expulsión” que se lleva viviendo en Marruecos desde hace 30 años porque no hay una alternativa real para esos jóvenes, que singuen inmersos en una grave situación de pobreza y desigualdad. “Su país ha ido progresando en los últimos años, pero sigue fallando en la protección de los sectores desfavorecidos”.
Al “efecto expulsión” Michel Bustillo apunta a un fenómeno más, la “presión de grupo”; ya no es solo la situación en la que se encuentran en su país, sino “la esperanza que les transmiten todos aquellos que han conseguido cruzar el Estrecho e instalarse en nuestro país. Esa presión de grupo que les llega es bajo el mensaje de que merece la pena arriesgarse, y los que reciben ese mensaje no son felices allí”.
Desde la Apdha, asimismo, insisten en que la “situación está aquí para quedarse, no va a desaparecer”, de ahí que insistan al Gobierno la necesidad de articular mecanismos legales para que todos estos menores que están en centros de acogida, cuando cumplan 18 años, puedan empezar a trabajar, “ya que la administración se convierte en muchos casos para ellos en una barrera”.
Bustillo apunta al respecto una serie de mejoras en la “calidad de la acogida” y en las facilidades que se les debe dar para poder desarrollar una nueva vida en España: “Hay que escolarizarlos en cuanto llegan, no pueden estar un año entero sin formación, sin documentación, lo que les impide acceder a cursos de formación, y hay que escucharlos antes de trasladarlos a otros centros”; una situación que se agrava en el momento en que cumplen 18 años “y quedan desprotegidos, el miedo les bloquea, lo que les abre la puerta a la exclusión social”.
El responsable de Voluntarios por otro Mundo resalta que “son chicos que lo que quieren es trabajar, mejorar su calidad de vida. Con poco que los ayudes los resultados son maravillosos. Tienen contacto con sus familias, pero su meta es ésta”, así como reconoce que, para ellos, la provincia es “un lugar de tránsito”, de ahí que en cuanto tienen oportunidad se van a trabajar a la fresa en Huelva o a la zona de Alicante, Murcia y Almería, en busca de labores agrícolas.
El caso del centro de menores en el Hotel Ávila
Apdha denunció este verano ante Fiscalía, la Junta y el Defensor del Pueblo la situación en la que se encontraban los menores migrantes acogidos en las instalaciones del antiguo Hotel Ávila, acondicionado como centro por una subcontrata. Según Diego Boza, la Junta hizo inspecciones en el edificio, “pero sigue habiendo conflictos y la Junta debe estar encima, porque, si no, los niños se van. Algunos de los menores que están allí nos contaron historias graves, caso de ventanas cerradas en las habitaciones, menores de una misma familia separados, comida en mal estado, poca ropa.... Nos relataron todas estas situaciones y los pusimos en conocimiento de las autoridades pertinentes, ya que nosotros no podíamos entrar en el edificio”.
Pese a la visita de la inspección de la Junta, apunta a que “sigue habiendo conflictos. Ni siquiera les dejan usar el móvil”, y en su opinión es una cuestión que escapa ya a una mera cuestión presupuestaria, “puesto que es la Junta la que debe estar encima cuando subcontrata el servicio”.
Desde Somos Migrantes admiten que la acogida “ha desbordado la capacidad del sistema”, pero al mismo tiempo ha generado “situaciones graves” como las denunciadas ante Fiscalía.
El riesgo de fomentar la xenofobia por la inacción
Desde la plataforma Somos Migrantes se culpa a las administraciones del auge de la xenofobia que está creciendo en el centro de Europa como consecuencia de la forma en la que se está afrontando el problema migratorio. Según destacan, la última encuesta del Eurobarómetro dice que el 77% de la población europea es favorable a la acogida de personas refugiadas (llegando en España o Alemania al 83%). “¿Cómo puede darse paralelamente el auge de gobiernos extremistas? La respuesta está enlazada. La inacción y la falta de responsabilización por parte de las administraciones suponen, no solo un atentado contra la vida de tantas personas, sino permitir el auge de posturas extremistas”, de ahí que consideren una necesidad que se asuman los compromisos legales y humanitarios del continente.
Medidas en favor de los MENA
Desde Somos Migrantes se han planteado una serie de medidas a la adminitración pública en favor de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan a nuestras costas. Entre ellas piden incrementar con urgencia los recursos para una acogida digna de menores; reforzar la formación y capacitación en la realidad de menores no acompañados en los dispositivos de menores; que exista una coordinación interterritorial entre comunidades autónomas que permita una acción conjunta que parta del interés superior del menor y de su situación individualizada; incrementar los programas enfocados a la integración social de menores (como acogida temporal, familias colaboradoras, etc.) acompañándoles también de forma progresiva al cumplir la mayoría de edad; impulsar una nueva ley del Menor que contemple el perfil transnacional del MENA por su alta representatividad en el conjunto de menores en Andalucía; y paralizar la repatriación de menores.