La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Carmen Lara, informó en mayo del pasado año que la Guardería Municipal no abriría para el curso escolar 2021/22 el periodo de matriculación a nuevos alumnos, ya que el Ayuntamiento de El Puerto no tiene competencias en esta materia, que fueron trasladadas hace años a la Junta de Andalucía. “Hecho que avalan los informes municipales que obligan a tomar esta decisión”, señala Lara.
Lara explica que en un Pleno hay dos tipos de acuerdos, unos de obligado cumplimiento cuya ejecución hay que realizar siempre ya que cuentan con informes técnicos, jurídicos, retenciones de crédito, consignación en el presupuesto y todo tipo de documentación del secretario, interventor y profesionales de la Administración Local que así lo acreditan; y otros, que son expuestos de voluntades para hacer pública una intención o una voluntad cuya ejecución estará condicionada a su viabilidad.
Por tanto, insiste la edil de Servicios Sociales, “si bien es cierto que los partidos de la oposición presentaron una moción conjunta pidiendo la continuidad de la guardería, la realidad es que desde el año 2009 se traspasaron las competencias de los centros de Educación Infantil desde Servicios Sociales a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, hace ahora 12 años”. “Que todos los portavoces de la oposición conocen este dato porque la mayor parte de ellos han estado gobernando y saben a la perfección que han dejado pasar una situación que llega al límite por no atajarla y que todos comprendemos que resulta incómoda y antipopular para los afectados”.
Esta situación, señala Carmen Lara, se ha venido dilatando excesivamente en el tiempo durante años sin que se tomara ninguna decisión al respecto y no puede alargarse más, ya que el Ayuntamiento está teniendo serios problemas para afrontar el pago de nóminas y todos los gastos que genera la guardería, ya que la Intervención Municipal nos advierte de que se está utilizando el presupuesto municipal en competencias impropias, cometiendo una irregularidad administrativa, lo que puede derivar en un problema de mayor envergadura, ya que no corresponde a un servicio de carácter obligatorio por lo que su realización no contribuye a la estabilidad presupuestaria ni a la sostenibilidad financiera; ya que se trata de una competencia propia de la Consejería de Educación de nuestra Comunidad Autónoma. Lara recuerda también que a lo largo de los últimos años la guardería ha recibido distintas inspecciones y denuncias que obligan al Ayuntamiento de El Puerto a tomar una decisión contundente y sobre la que consta una orden de cierre desde diciembre del año 2017.
Así, el Ayuntamiento de El Puerto mantuvo este año a los niños ya matriculados para no causar trastornos ni a los menores ya matriculados ni a las familias, cuidando mucho el modo la ejecución de esta medida y derivando las matrículas de primer curso a los centros de la Junta de Andalucía, que además tenían plazas vacantes de sobra para ello y teniendo en cuenta que todos los alumnos que en la actualidad están en la guardería pasan al segundo ciclo de Educación Infantil en los colegios de El Puerto.
Por último, Lara concluye que bajo ningún concepto se pierden los puestos de trabajo de los profesionales que en este momento están asignados a la guardería y que serán reubicados cuando finalice el Curso actual en otros departamentos municipales.
