No puedo dejar de referirme a la debacle de la crucial situación por la que atraviesa el CGPJ. Nuestros políticos no están dispuestos a asumir el mandato de que los jueces sean independientes que determina el art. 117.1 de la Constitución. Si creyeran mínimamente en ello no estarían mostrándolo que de verdad les importa: controlar y mandar en nuestros jueces.
Como sabemos, la Ley de 1980 dejaba a los jueces la elección de los 12 vocales del CGPJ que han de pertenecer a la carrera judicial. Pero la Ley de 1985 lo atribuyó al Congreso y Senado. Y las reformas de 2001 del Gobierno Aznar y de 2013 de Rajoy, a pesar de haber prometido cambiarlo, al final no lo hicieron y demostraron que ese afán de controlar es ínsito a unos políticos españoles que no se creen otra cosa que su propio poder.
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 partía de que la Constitución en su art. 122.3 se limitó a remitir la forma de elección a una futura Ley Orgánica. Aunque añadía que reflejar el pluralismo del poder judicial “se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a los 12 miembros del poder judicial”.
El Consejo Superior de la Magistratura italiano, que es nuestro referente básico en este tema, se compone de 27 miembros, de los que restando los 3 que lo son por su cargo, dos tercios son magistrados elegidos por sus homólogos y un tercio abogados y profesores elegidos por 3/5 del Parlamento.
Creo sinceramente que debemos volver al sistema de elección por los jueces. Sólo desde él se garantiza algo su independencia. Si no se quiere tal elección es porque sencillamente temen la libertad de decisión de los jueces y se pretende a toda costa someterlos al dictado de los políticos.
Más en quien designa Fiscal General a su exministra de Justicia, o declara que las resoluciones le serán favorables porque nombra a los fiscales. Se trata de tener atadas las decisiones judiciales porque se controlan los nombramientos.
No debe consentirse la propaganda que pretende imponer lo contrario y además si se creyera en la democracia debería admitirse tener unos jueces que ejercieran de contrapeso real. Pero es que encima quien ha de defender lo contrario no tiene una base teórica que le permita defender con la cara alta esa posición. Y a esto no ayudan algunos partidos que desde luego no están porque las instituciones crezcan en la dignidad que les corresponde. ¡Qué pena de España y de su Justicia!