Los populares, además, se amparan en la Constitución para pedir la defensa de la igualdad de los españoles en el acceso a espectáculos taurinos, “como parte del Patrimonio Cultural en todo el territorio nacional”.
Así consta en la proposición de ley que los populares registraron ayer en el Congreso, tal y como avanzó la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, y confirmaron después fuentes de la dirección del grupo en la Cámara Baja.
El Parlamento de Cataluña aprobó la prohibición de las corridas de toros en Cataluña a partir del 1 de enero de 2012.
Según recoge el texto de la iniciativa, el PP persigue como objetivo “la protección de la fiesta de los toros por su interés cultural y turístico” y la regulación de las funciones de la administración para organizar y celebrar tales eventos, de modo que se garanticen “los derechos e intereses del público que asiste a ellos y de cuantos intervienen en los mismos”.
El PP se ampara en los artículos 149.1.1, 149.2 y 44 de la Constitución Española para remarcar que el Estado, en uso de sus competencias exclusivas en la materia, “deberá garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de su derecho al acceso a la fiesta de los toros, como parte del Patrimonio Cultural en todo el territorio nacional”.
La propuesta del Partido Popular supone modificar la Ley 10/1991, del 4 de abril, sobre las potestades administrativas en espectáculos taurinos.
Sugiere añadir una disposición adicional segunda con la que insta al Gobierno a que apruebe los “instrumentos
de protección necesarios” y acordes con el “interés cultural y turístico” de la fiesta de los toros, tanto en ámbito nacional como en internacional.
La aplicación de la norma, tal y como recoge el PP, se aplicará “en defecto” de las disposiciones que a tal efecto aprueben las comunidades autónomas, y así, deja claro que la protección de las fiestas taurinas, por su interés cultural y turístico, corresponde al Estado.
Por ello, si se quiere cambiar la ley, serán las Cortes Generales las que tengan potestad para ello.
En su exposición de motivos, los populares recuerdan que la Constitución española consagra la libertad e igualdad de los españoles, a cuya protección están obligados los poderes públicos.
La voluntad de los constituyentes fue la de considerar la cultura “como un deber y una atribución esencial del Estado”.
