La diligencia estuvo encabezada por el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza y fue realizada por peritos del Servicio Médico Legal (SML) y de la Policía de Investigaciones, ante un equipo de forenses y antropólogos, cinco de ellos extranjeros.
El féretro con los restos del presidente Allende (1970-1973) fue trasladado a las dependencias del SML, donde un equipo multidisciplinario de expertos inició las pericias con un examen radiológico de la pequeña urna donde reposa la osamenta.
A continuación se clasificarán los restos óseos y se comprobará que no haya ningún resto de ropa u otros elementos que puedan dar luz a nuevos detalles, detalló el director del SML, Patricio Bustos.
En paralelo, en los próximos días se enviarán a un laboratorio de Austria muestras óseas del expresidente y muestras de sangre de la familia para confirmar con pruebas genéticas que los restos pertenecen a Salvador Allende.
Después de estas primeras evaluaciones, los peritos del SML y los especialistas extranjeros definirán los procedimientos a seguir en los meses siguientes.
Éstos incluirán pericias balísticas para establecer si el exgobernante se disparó en la barbilla con un fusil de asalto AK-47 que le había regalado el líder cubano Fidel Castro, como sostiene la versión más difundida de su muerte, aceptada incluso por su familia, y el tipo de arma que utilizó.
Sin embargo, han surgido dudas respecto de la veracidad de esta versión y han aparecido hipótesis que sugieren que Allende pudo ser asesinado o que falló al suicidarse y que uno de sus colaboradores más cercanos le dio un tiro de gracia.
La exhumación fue ordenada por el juez, tras recibir en abril un informe del SML que establece "discordancias" entre el informe oficial de la autopsia, ordenada por la dictadura, y un peritaje policial del cuerpo de Allende en el lugar de su muerte.
La investigación se abrió el pasado 26 de enero, cuando la Fiscalía presentó ante el juez Carroza 726 querellas por violaciones de los derechos humanos correspondientes a casos que nunca antes habían sido investigadas por la Justicia, entre ellos el del fallecido mandatario.
En la exhumación también estuvieron presentes varios familiares de Allende, entre ellos la senadora socialista Isabel Allende y Carmen Paz, ambas hijas del mandatario, y dirigentes políticos de la Concertación, la coalición de centroizquierda que gobernó el país desde el retorno a la democracia hasta el año pasado.
La senadora Isabel Allende manifestó al término de la exhumación la "satisfacción" de la familia "por los avances logrados en este trascendental proceso judicial para establecer la verdad de lo ocurrido el trágico 11 de septiembre de 1973".
La hija del expresidente reafirmó, además, que su familia tiene "la convicción de que el presidente Salvador Allende tomó la decisión de morir como un gesto de coherencia política en defensa del mandato que le fue entregado por el pueblo".
La exhumación contó con la presencia de observadores de la Cruz Roja Internacional y del Equipo de Antropología Forense de Argentina.
Además, especialistas de España, Estados Unidos, Reino Unido, Colombia y Argentina trabajarán esta semana con los peritos del SML y otros profesionales chilenos.
En esta ocasión los restos del exmandatario no serán sometidos a una autopsia, procedimiento que ya se realizó en dos ocasiones, la primera pocos días después de su muerte, y la segunda en 1990, cuando su cadáver fue exhumado y trasladado a Santiago desde la ciudad costera de Viña del Mar.
El tanatólogo español Francisco Etxeverría, que participa en la investigación, aseguró que los peritajes pueden llevar "varios meses" de trabajo, por lo que los especialistas extranjeros que colaboran en la exhumación se llevaran a sus respectivos países la información de laboratorio que obtengan estos días en Chile.