Las viudas de los marineros que murieron en el hundimiento del "Nuevo Pepita Aurora", ocurrido hace cinco años en las costas de Cádiz, han reclamado al juez que el astillero que construyó el barco y el Ministerio de Fomento respondan en el juicio como responsables subsidiarios de sus indemnizaciones.
Así figura en el escrito de conclusiones provisionales que la acusación que ejercen cuatro de las viudas ha entregado al juzgado para solicitar la apertura de juicio oral y en el que piden que el patrón y armador del barco, José Vega, sea condenado por ocho homicidios imprudentes, siete de lesiones imprudentes y un delito contra la libertad y la seguridad en el trabajo.
El escrito provisional de la acusación particular, al que ha tenido acceso EFE, pide por estos delitos un total de 20 años y nueve meses de cárcel (dos por cada homicidio imprudente, tres meses por cada delito de lesiones imprudentes a los tripulantes supervivientes y tres años por el delito contra la libertad y seguridad en el trabajo).
También solicitan que indemnice a cada uno de las viudas con 200.000 euros y a cada uno de sus hijos con 100.000 euros.
El escrito contiene para el patrón de la embarcación los mismos delitos que ya incluyó el titular del juzgado de instrucción número 3 de Algeciras, Lorenzo Rosa, en el auto en el que pedía a la fiscalía y a las partes que solicitaran la apertura de juicio oral.
Pero, a diferencia del auto judicial que sólo acusaba al armador como "máximo responsable" de la embarcación, la acusación particular pide que se consideren responsables subsidiarios del hundimiento "respecto de las indemnizaciones", además de a los administradores de la Sociedad Nuevo Pepita Aurora, al astillero constructor, los gallegos Astilleros Nodosa y al Ministerio de Fomento.
En el caso de los Astilleros "por los defectos de diseño y construcción del buque" y en el del Ministerio de Fomento, "por la falta de diligencia de la Autoridad Marítima de Barbate en la inspección y control de las condiciones de navegación del buque y por no haber adoptado de manera efectiva las recomendaciones efectuadas por la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes Marítimos" tras el naufragio del buque gallego "0'Bahía" construido por la misma empresa.
El escrito de acusación provisional de las cuatro viudas se hace público el mismo día en el que se cumplen cinco años de la tragedia, ocurrida cuando el "Nueva Pepita Aurora" regresaba al puerto de Barbate tras faenar de noche en Marruecos y en la travesía se enfrentó a un fuerte viento de levante y a una mar muy gruesa con olas de hasta siete metros.
"Las graves irregularidades técnicas que padecía el barco y las complicaciones que de ellas derivaron, provocaron que, tras zozobrar y volcar, se hundiera finalmente", lo que hizo que ocho marineros murieran en el accidente (los cadáveres de tres de ellos no han sido recuperados) y otros siete sobrevivieran, aunque arrastran un transtorno por el que se les ha concedido una invalidez permanente en grado total.
El escrito de la acusación particular recuerda que el barco no pudo evacuar el agua que recibió en los golpes de mar porque las falucheras "habían sido cegadas casi por completo con materias sólidas instaladas de manera fija" y además porque la disposición de las artes de pesca impedía su función.
También influyó la sobrecarga del buque, que llevaba "seis toneladas y media" más de peso.
"Todas estas modificaciones se realizaron sin la correspondiente autorización administrativa", subraya el escrito, en el que se asegura que además "las balsas salvavidas no se abrieron".
"La posibilidad de que errores de diseño del buque por parte del astillero constructor hayan podido coadyuvar al accidente, sin perjuicio de la evidente responsabilidad del imputado es a juicio de esta parte evidente", añade para afirmar que "sólo a partir del accidente del Nuevo Pepita Aurora se llevan a cabo inspecciones a fondo de los buques pesqueros en el Puerto de Barbate" por parte de las autoridades.
El escrito lamenta también que las viudas sólo han recibido hasta ahora las prestaciones legalmente establecidas, cuando un juzgado de los social dictaminó el pasado año que los empresarios del barco debían sufragar un recargo del cincuenta por ciento de las mismas por sus "negligencias".
