Después de que el pasado mes de mayo el alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, anunciara la entrada en vigor del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) en verano, a fecha de hoy aún no se tienen noticias de este asunto. Esto, y como no puede ser de otro modo, sigue creando incertidumbre entre los vecinos de las ARG y las ARG-T de El Puerto.
Concretamente, uno de los asuntos que preocupa es el hecho de que los vecinos sigan recibiendo multas coercitivas. “Nos preguntamos que si el Plan General está aprobado, aunque no está en vigor, por qué se siguen mandando multas a viviendas que no se van a derribar”, ha explicado el presidente de dicha asociación, José Antonio Castro. Multas que, dependiendo del valor de la vivienda, pueden llegar hasta los 6.000 euros y se pueden recibir un total de doce al año (una mensualmente).
En este punto, cabría explicar que cuando se construye una vivienda ilegalmente, se inician dos procedimientos. Por una parte, la apertura de un expediente porque no se tenía permiso de obras (que se abrirían a cualquiera que no tuviera licencia); y, por otra, un expediente mediante el cual, si la obra que se ha hecho no se puede legalizar, se inicia el trámite para derribar la vivienda. Y es que, tal y como explican desde Coave, “según el reglamento urbanístico del año 2010, lo que no es legalizable, no se le pueden echar multas coercitivas, porque el fin de estas viviendas sería derribarlas; y, lo que es legalizable, no se entiende que se vayan a poner multas porque algún día se regularizará la situación de las mismas”.
Del mismo modo, desde la organización tampoco comprenden que, una serie de viviendas que no se pueden regularizar estén saliendo a subasta pública. “Y es que esto está creando más incertidumbre, malestar y depresión”.
En estos casos, muchos de los vecinos que están recibiendo estas multas están optando a la vía judicial. “Una vez que la multa pasa de la vía administrativa a la vía judicial, cuando se recibe la segunda sanción, la multa se paraliza y, en el supuesto que la vía judicial le dé la razón al Ayuntamiento, se pone en marcha la multa, pero el Ayuntamiento debe determinar a través del Plan General si es o no legalizable”, subraya el presidente de Coave.
Cañada del Verdugo
Por otra parte, Coave ha denunciado el “lamentable” estado en el que se encuentra un tramo de la carretera existente en la zona de la Cañada del Verdugo. Concretamente, el tramo entre la calle Rompeserones hasta el Camino de San José.
Como han informado Coave, desde el Ayuntamiento de El Puerto le remiten que esta zona es titularidad de la Junta de Andalucía, pero, sin embargo, un documento fechado el 15 de septiembre de 2011 acredita que dicho tramo “fue deslindado y desafectado, con fecha de aprobación 26 de enero de 2009”. Por ello, desde Coave entienden que es competencia del Consistorio realizar una serie de actuaciones de mejora de esta vía. “Vamos a presentarle al concejal de Mantenimiento Urbano, Damián Bornes, toda la documentación que acredita que el Ayuntamiento debe arreglar la carretera o, al menos, dar las facilidades a los vecinos para arreglarla”, han comentado.
Cabe apuntar que cientos de vehículos pasan por estas vías diariamente y “entre los vecinos existe el temor de que algún día pueda ocurrir algo grave”, han manifestado. Las vías, que se han parcheado en innumerables ocasiones, presentan un estado “muy malo y peligroso”.
Además, desde la asociación recuerdan que los vecinos de estas ARG pagan los impuestos igual que el resto de los portuenses, por lo que reclaman que las infraestructuras o el arreglo de sus vías de accesos sean los mismos que se atienden en otras zonas de la ciudad.
