Antonio Rodrigo Torrijos (IU), ex primer teniente de alcalde de Sevilla, se ha opuesto a la petición de nuevas imputaciones hecha por los actuales responsables de la Fundación DeSevilla y dice que las ayudas al desarrollo investigadas se otorgaron "en el uso legítimo de la acción de gobierno".
La defensa de Torrijos, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, se opone a la petición hecha por los actuales responsables de la fundación de que sea imputado en la causa el exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), toda su Junta de Gobierno y varios exresponsables municipales que intervinieron en las ayudas investigadas, entre ellos el propio Torrijos de nuevo.
Por el caso de la Fundación deSevilla bajo el anterior mandato municipal de coalición PSOE-IU están ya imputados Torrijos, el exconcejal Carlos Vázquez Galán (IU) y el exgerente de la Fundación Miguel López Adán.
Ahora, la abogada de Torrijos dice que no existe delito de prevaricación porque el Ayuntamiento de Sevilla llevaba a cabo la cooperación al desarrollo mediante ayudas tanto indirectas como directas, en este caso con subvenciones nominativas "recogidas en el Presupuesto municipal" y que "no respondían a una convocatoria pública en régimen de concurrencia y publicidad".
Las subvenciones se otorgaron según el proceso legal y en "uso legítimo de la acción de gobierno", lo que "no puede ser objeto de impugnación ante la jurisdicción penal", añade el escrito.
Precisa que el interventor municipal asistió a las sesiones de la Junta de Gobierno Local que las aprobó, sin hacer "advertencia expresa de ilegalidad" ya que sus "reparos, observaciones o discrepancias" no implican "arbitrariedad en la concesión", según la defensa.
Además, cuando se producía el pago de la subvención ya habían sido subsanados los reparos, como "reconoció expresamente" el interventor cuando declaró como testigo ante el juez de instrucción 16 de Sevilla.
El delito de prevaricación que los actuales responsables municipales pretenden imputar a Torrijos exige unas irregularidades "patentes, groseras y esperpénticas", según la jurisprudencia que cita la defensa, y añade que tampoco existe el delito de malversación de fondos públicos por no haber abierto expedientes de reintegro de las cantidades, cuyo plazo es de cuatro años.
La defensa llama además la atención sobre el hecho de que los patronos de la Fundación eran las empresas municipales Emasesa, Emvisesa, Tussam, Lipasam y Sevilla Global, por lo que la petición de nuevas imputaciones les afectará como personas jurídicas, pero "no a las personas físicas que ocasionalmente pudieran haber desempeñado su representación".
La defensa añade que todas las cuentas anuales de DeSevilla fueron entregadas al Protectorado de Fundaciones Andaluzas, que "no puso de manifiesto ninguna irregularidad, ilegalidad ni ilicitud".
Junto a ello, las auditorías de Deloitte "lo único que ponen de manifiesto" es que los justificantes de gastos pudieron entregarse en un ejercicio posterior o no reunían "los requisitos formalmente exigidos para dotarles de plena validez administrativa".